Con una mayoría de 11 legisladores, se insistió la derogación de la convocatoría a la Convención Constituyente. A partir de ahora, se abre un nuevo conflicto entre la Legislatura y el Ejecutivo Provincial. El Juzgado Electoral deberá considerar la posición del Ejecutivo de continuar con el cronograma, a la par que la Legislatura derogó la convocatoría. Todo indica que el Superior Tribunal tendrá la última decisión.
La Legislatura fueguina profundizó este jueves el conflicto institucional con el Poder Ejecutivo al insistir, con el voto de 11 de los 14 legisladores presentes, en la derogación de la ley que convocaba a elecciones para la Convención Constituyente. La decisión deja abierto un escenario de incertidumbre política y judicial, con el cronograma electoral aún vigente por decisión del Ejecutivo y una derogación aprobada por el Parlamento provincial.
La sesión marcó un nuevo capítulo en la disputa por la reforma constitucional impulsada por el gobernador Gustavo Melella. La insistencia legislativa ratificó la voluntad de la mayoría parlamentaria de frenar el proceso constituyente, pese al veto del Ejecutivo.
Votaron en contra de la derogación los legisladores Federico Greve, Myriam Martínez y Gisela Dos Santos, alineados con la posición oficialista. En tanto, el legislador Federico Sciurano estuvo ausente durante la sesión.
Con esta definición parlamentaria, el escenario institucional quedó atravesado por un conflicto de competencias. Mientras el Ejecutivo sostiene la continuidad del cronograma electoral para elegir convencionales constituyentes, la Legislatura considera que la convocatoria quedó sin efecto tras la derogación ratificada este jueves.
Ahora, la controversia pasará inevitablemente al terreno judicial. El Juzgado Electoral deberá analizar si corresponde mantener vigente el proceso electoral impulsado por el Ejecutivo o si la decisión legislativa invalida la convocatoria. Sin embargo, distintas fuentes políticas y jurídicas coinciden en que la última palabra probablemente recaerá en el Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego.
El conflicto abre además un debate de fondo sobre el alcance de las atribuciones de cada poder del Estado y sobre la legitimidad política de avanzar con una reforma constitucional en un contexto de fuerte división institucional.
La insistencia aprobada por la mayoría legislativa no solo representa un revés político para el oficialismo provincial, sino que también instala un escenario de alta tensión institucional, con consecuencias aún imprevisibles para el calendario electoral y para el futuro de la reforma constitucional en la provincia.
