La Justicia fueguina premió al narco funcionario: no irá preso
El ex subsecretario de Obras Públicas, Gustavo Caro, fue condenado por integrar la banda de narcotraficantes. Pero no irá a prisión. Recién ahora el gobernador Melella lo cesanteó. Hasta ahora, seguía en el Estado, de licencia sin goce de haberes. El caso revela algunas de las más vergonzosas prácticas de la política, la justicia y el periodismo de Tierra del Fuego.
Se produjo esta semana una importante novedad en el caso de Gustavo Gabriel Caro, el narco funcionario de Tierra del Fuego que, en plena pandemia, gestionaba permisos de circulación para que una banda de narcotraficantes distribuyera drogas en camionetas oficiales en Río Grande y Tolhuin.
Según explicó el periodista Gabriel Ramonet en su columna “Nunca se sabe” en el programa Noticia de Tapa Radio, el Tribunal Oral Federal de la provincia condenó a los integrantes de la banda narco, y a Caro, que recibió una pena de 2 años y 8 meses de prisión en suspenso, en un procedimiento de juicio abreviado.
El caso se remonta al 15 de junio de 2020, en la etapa más restrictiva de la cuarentena cuando no se podía salir a la calle sin la autorización pertinente. Ese día se realizó un operativo antidrogas en Río Grande, básicamente porque la policía seguía un cargamento de droga que venía del Norte y entró en camión por San Sebastián.
Avisada la policía, dejaron circular al camión y ya en Río Grande, en un kiosco de la calle Islas Malvinas, detuvieron al camionero. Pero no evitaron que entregara un bolso deportivo a una persona en un vehículo que se dio a la fuga. Se produjo una persecución por toda la ciudad hasta el barrio AGP, donde vecinos señalaron que alguien había revoleado en un predio un bolso.
La policía lo encontró. En su interior había 27 kilos de marihuana.
Tras una serie de allanamientos, se desbarató una banda de narcotraficantes. La particularidad es que uno de los integrantes era Caro, el subsecretario de Obras Públicas del ministerio cuya titular es Gabriela Castillo, del gobierno provincial que encabeza Gustavo Melella.
Caro fue imputado formalmente y la investigación descubrió que el funcionario, muy allegado a Castillo, prestaba la camioneta oficial del gobierno para que se repartiera drogas en Río Grande y en Tolhuin. Pero que, además, gestionaba permisos de circulación para que los integrantes de la banda pudieran “trabajar” en el reparto de droga.
Estructura de impunidad
Gustavo Caro tuvo un trato preferencial por parte del propio gobernador Gustavo Melella. No lo echó, no lo separó del cargo hasta que resuelva su situación. Simplemente le autorizó licencia sin goce de haberes. Recién ahora, dos años después y conocida la sentencia, gestionó su cesantía.
“Hay un dato muy increíble” refirió Ramonet en su espacio radial. “La Justicia Federal se declaró incompetente para investigar el tema de los permisos que otorgaba o que gestionaba este funcionario, no es un delito federal. Investigó lo de la droga, pero no lo de la falsificación de documentos. Esa parte fue girada a la Justicia de la provincia. Una causa muy importante para el futuro del funcionario, porque como tiene una condena menor a 3 años, queda libre a pesar de la condena. Si lo condenaran por la falsificación, iría preso… ¿qué creen que pasó con la causa de falsificación que fue a la justicia de la provincia? No pasó absolutamente nada. Es una causa cajoneada donde ni siquiera todavía intervino un fiscal o un juez. La Justicia de Tierra del Fuego encubrió al funcionario y no investigó en 2 años nada que tuviera que ver con algo tan grave como la entrega de documentos para circular en el momento de la pandemia”.
El dato revelado por el periodista, ayuda a entender cómo se moviliza el poder en nuestra provincia, en este caso para proteger a un hombre que, evidentemente, “alguna llegada al gobierno tiene”. No será seguramente casual que su abogado defensor sea el Dr. Francisco Ibarra, el mismo que defiende al propio Gustavo Melella en la causa por abuso sexual que se le cursa actualmente al Gobernador.
El caso, de increíbles ribetes, no ha tenido en el medio local la difusión que su gravedad amerita. Y tal vez allí se encuentre otra razón más que explique el impune accionar del poder transversal de la provincia. “La noticia está en medios nacionales y sólo en algunos, contados medios de Tierra del Fuego” reflejó el comunicador.
Ramonet alertó sobre otra arista que refleja el caso del narco funcionario, y es que “no sólo no hay debate, sino que ni siquiera es un tema de la oposición en Tierra del Fuego. O sea, semejante acto no generó ninguna declaración de un funcionario opositor”.
En la mesa de redacción se mencionó también, con cierto desaliento y escepticismo, la increíble situación de que a ningún legislador o legisladora se le ocurriera presentar, aunque sea, un pedido de informes. O que algún dirigente de un partido político, siquiera diga algo sobre el caso.
“En un par de días, al no haber nadie que genere un debate, seguramente hasta nosotros mismos vamos a hablar de otro tema” lamentó sobre el final de su columna Gabriel Ramonet.
Nuevamente un grave y vergonzoso caso en Tierra del Fuego en donde la política, el oficialismo, la oposición, la justicia y los medios, juegan abiertamente un papel exactamente contrario al que les corresponde según su rol: la negación, la protección, la simulación, el silencio cómplice. En definitiva, la impunidad.
