El Juez Sergio Pepe, a cargo del Juzgado de Instrucción N°1 del Distrito Judicial Sur, desestimó la denuncia por desobediencia presentada por el legislador Jorge Lechman contra el Poder Ejecutivo de la Provincia.
La denuncia se basaba en la presunta desobediencia de funcionarios del Poder Ejecutivo a una medida cautelar dictada por el Superior Tribunal de Justicia que suspendía el acto electoral fijado por el Decreto nº 1656/2024.
En su resolución, el Juez Pepe analizó las actuaciones y determinó que no se configuró el delito de desobediencia, ya que el Poder Ejecutivo no tuvo conocimiento de la resolución del Superior Tribunal antes de publicar la convocatoria electoral, y además, porque la resolución judicial no fue notificada personalmente a las autoridades del Poder Ejecutivo.
El Juez destacó que, aunque la publicación de la convocatoria electoral pudo haber generado confusión en el electorado, no tuvo efectos lesivos, ya que la resolución judicial se basaba en una suspensión del cronograma electoral, no en una prohibición absoluta.
Por otro lado, la resolución no prohibía explícitamente al gobierno realizar acciones relacionadas con las elecciones. Simplemente suspendía el cronograma electoral, lo que no implicaba una prohibición total. A su vez, a entender del magistrado el gobierno acató la medida judicial antes de ser notificado: La resolución del Tribunal también determinó que el cronograma electoral, que había sido suspendido, estaba programado para el 12 de agosto, pero el gobierno no llevó a cabo ninguna acción relacionada con las elecciones ese día, demostrando que ya estaba acatando la medida.
También se interpretó que la notificación de la medida cautelar no fue hecha en persona a las autoridades del Poder Ejecutivo, sino de manera electrónica a los partidos políticos. Se considera que una notificación personal es fundamental para determinar si se ha desobedecido una orden.
El juez también hizo hincapié en que para que se configure el delito de desobediencia, la orden debe ser clara, precisa y debe estar dirigida directamente al destinatario. En este caso, la resolución del Superior Tribunal no cumplía con estos requisitos, ya que no se dirigió directamente a las autoridades del Poder Ejecutivo.
Finalmente, el Juez Sergio Pepe decidió rechazar el requerimiento fiscal de instrucción por considerar que no se configuró el delito de desobediencia.
