JUSTICIA FUEGUINA. Suspenden a otro empleado judicial y lo enjuician por trata de personas
Mientras avanza la causa por violencia de género que involucra al relator del STJ, Marcelo Guzmán, otro empleado judicial, Héctor Romero, será sometido a juicio por trata de personas para explotación sexual. También fue separado de sus funciones.
Héctor Horacio Romero, un empleado y notificador judicial que ejercía sus funciones en Río Grande, fue suspendido por el Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego por estar implicado en un caso de trata de personas agravado, por el que se lo someterá en los próximos meses a juicio, según informaron fuentes judiciales.
Romero prestaba servicio en la oficina de mandamientos y notificaciones del Distrito Judicial Norte del Poder Judicial. La Justicia Federal comprobó su pertenencia a una banda que explotaba mujeres en departamentos privados y lo procesó como partícipe necesario en el delito de trata de personas. Ahora que esa causa fue elevada a juicio, el STJ decidió apartarlo de sus funciones.
La Justicia fueguina no para de brindar desagradables sorpresas. Romero ahora se suma a otro encumbrado miembro del Poder Judicial provincial, también separado del cargo hace escasas semanas, por el no menos grave delito de violencia de género contra su propia esposa. Se trata del relator del Superior Tribunal de Justicia, Marcelo Guzmán.
La banda que integraba Romero fue desbaratada en 2019. Su líder y una especie de gurú de la práctica religiosa umbanda, era Alejandro Oscar Collado, y se dedicaba a explotar sexualmente a ocho mujeres a las que llamaba “hijas de la religión”.
Collado fue hallado culpable del delito de trata de personas en la modalidad de transporte y acogimiento, con fines de explotación sexual, agravado por el abuso de una situación de vulnerabilidad y por el número de víctimas. Fue condenado, el 13 de julio pasado, a seis años de prisión.
El Tribunal Oral Federal de Tierra del Fuego también condenó a Ernestina Soledad Monzón y Virginia Andrea Anglada Heredia, en su caso como partícipes secundarias, a la pena de tres años de prisión en suspenso.
Otros dos imputados, además de Romero, también fueron procesados en instancias posteriores, aunque aún no serán sometidos a juicio oral.
En 2019, una denuncia telefónica anónima al Programa de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata disparó la causa. Las investigaciones continuaron a cargo de Prefectura Naval Argentina.
Dos víctimas que, aprovechando un descuido de la encargada del departamento donde las explotaban, pudieron recuperar sus documentos y huir, aportaron su valioso testimonio y denunciaron los hechos sufridos.
Ambas coincidieron en relatar que, con promesas de empleo, llegaron engañadas a Tierra del Fuego, donde se las obligó a prestar servicios sexuales para pagar el pasaje, la comida y el alojamiento.
La investigación constató la prestación de servicios sexuales en esos privados, con valores de ese entonces de entre $800 y $1700.
La jueza federal Mariel Borruto consideró estar ante la presencia de “sobrada prueba que da cuenta de que los tratantes facilitaban y acondicionaban el espacio para la estadía y la explotación sexual de las víctimas como así también la entrega de profilácticos”. Borruto afirmó la existencia de “una organización compleja con una clara distribución de tareas”, según escribió en el auto de procesamiento.
