El responsable de ANSES en Tierra del Fuego explicó cómo jubilados con haberes elevados trasladan su residencia para reclamar zona y detalló las verificaciones utilizadas para detectar irregularidades, incompatibilidades e intentos de fraude previsional.
El traslado de jubilados de altos ingresos desde otras provincias hacia Tierra del Fuego puede habilitar el acceso al adicional por zona austral, incluso cuando los beneficiarios desarrollaron su vida laboral y realizaron sus aportes fuera de la provincia. Dentro de esa dinámica aparecen casos de ex magistrados con haberes elevados que judicializan el reclamo, mientras ANSES despliega mecanismos de verificación para controlar domicilios, prestaciones incompatibles y documentación utilizada para obtener beneficios.
El responsable de ANSES en Tierra del Fuego, Mariano Delucca, explicó en FM Ushuaia que un jubilado del continente puede radicarse legalmente en la provincia y solicitar el adicional: “Se viene a Tierra del Fuego, hace el cambio de domicilio al otro día que bajó del avión, esperó una semana que le llegue el documento y de ahí se fue a ANSES a decirle ‘señores, ahora resido en este domicilio y este domicilio’”. Cumplidos los requisitos, agregó, “esa persona puede acceder y empezar a tramitar su zona”.
La situación adquiere otra dimensión con determinados regímenes especiales. Delucca mencionó particularmente a integrantes de la Justicia Federal que, una vez jubilados, fijan residencia en Tierra del Fuego y reclaman el adicional. Según describió, “etamos hablando de personas que ganan 17 palos por mes”, y al referirse al perfil predominante precisó que se trata de “sobre todo magistrados. El caso que más se da en Argentina es que jueces federales vienen acá a instalarse”.
Para esas prestaciones existe una circular interna que plantea restricciones vinculadas con el 82% móvil. Sin embargo, el funcionario señaló que los beneficiarios recurren a los tribunales: “Yo sé muy bien que va a reclamar judicialmente y que se la va a terminar dando la Justicia Federal”. Ante la consulta sobre el efecto concreto, aclaró: “Yo no hablo de que se mueven para cobrar más. Yo digo que cobran más porque tienen la zona. Porque la judicializan y cobran la zona”.
En Tierra del Fuego, Delucca estimó que actualmente los casos de esas características “serían menos de media docena”, aunque destacó la magnitud económica de cada prestación: “Estamos hablando de 30 jubilaciones mínimas por pera”. A su criterio, la discusión requiere una revisión normativa nacional orientada a preservar los recursos previsionales y evitar tratamientos diferenciales entre beneficiarios.
Los controles también alcanzan situaciones en las que existen indicios de irregularidades. El sistema de verificaciones permite contrastar documentación, domicilios, tareas declaradas y aportes con empleadores o establecimientos.
Delucca relató como ejemplo la detección de una persona reconocida públicamente que había declarado aportes por servicio doméstico para completar los años necesarios para jubilarse. Al realizar las comprobaciones, explicó, “los vecinos nunca lo vieron, nunca hubo un acercamiento. El que aportaba nunca terminó declarando con el verificador, nunca se lo encontró, no vivía en la provincia”.
La recuperación de fondos por prestaciones pagadas incorrectamente también representa montos significativos. Según los últimos datos que observó, “el servicio litigante recuperó en cierta parte del 2025 alrededor de 300 millones solo en Tierra del Fuego”. Entre las situaciones detectadas mencionó pensiones incompatibles, beneficios obtenidos mediante moratorias y personas que se radicaron en la provincia para percibir zona mientras tenían otras prestaciones.
Uno de esos ejemplos correspondió a una persona jubilada inicialmente fuera de la Patagonia que posteriormente trasladó su residencia: “Se viene a vivir a Tierra del Fuego, pide el 40% de zona y descubro que tiene una pensión de adulto mayor por ANSES y además tenía una jubilación por la Federal”. La consecuencia, indicó, fue económica: “Ese tipo tuvo que devolver los 30 millones más la zona que tuvo acá, que se le pagó”.
Dentro de los intentos de fraude, sin embargo, la situación más recurrente aparece en las pensiones por fallecimiento. Delucca fue categórico: “La pensión por fallecimiento, cuando el cónyuge estaba separado y viene a pedir la pensión. Ese es el caso más recurrente”. Allí la tarea consiste en determinar si existía realmente el vínculo al momento del fallecimiento, más allá de la documentación formal presentada.
Las diferencias de domicilio suelen activar controles adicionales. “Muchas veces es insuficiente porque vemos que en el sistema nos salta. Que don José vivía en Isla Grande número 1 y vos vivías en San Martín 326”, ejemplificó. Por eso, añadió, “en esto es corroborar que las personas tengan un vínculo real”.
Para convivientes no casados recomendó formalizar la situación mediante certificado de convivencia o domicilio común y conservar elementos que permitan acreditar efectivamente la vida compartida.
Delucca remarcó además que las verificaciones repercuten directamente sobre los recursos del sistema: “Toda esa plata que estás otorgando mal por un cargo que no ejercías o por una función que no ejercías, es plata que estás dándole de más”.
Actualmente, indicó, Tierra del Fuego dispone de un solo verificador, mientras trabaja para incorporar otro agente capacitado y fortalecer el circuito con las áreas jurídica y de archivos.
Finalmente, respecto de los haberes, el titular local de ANSES confirmó una nueva actualización automática vinculada con la inflación: “Tenemos un aumento más, lo típico de hoy. Ya estamos acostumbrados a tener aumentos en 30 meses de gestión”, y explicó que los incrementos “son por el índice del precio al consumidor”. También señaló que el organismo avanza hacia una mayor digitalización de trámites y procedimientos.






