Supuesto pedido de coimas

Iriarte atribuye una denuncia pública a una operación política

Ago 7, 2026 | Política

El secretario de Gobierno de Ushuaia sostuvo que las acusaciones sobre supuestos pedidos de coimas carecen de pruebas, cuestionó su difusión mediática y aseguró que el denunciante será convocado para aportar elementos que permitan investigar los hechos.

El secretario de Gobierno del Municipio de Ushuaia, Sebastián Iriarte, encuadró las recientes acusaciones públicas sobre supuestos pedidos de coimas en el área de obras privadas como parte de una operación política y remarcó que, hasta el momento, no existe una denuncia judicial ni administrativa con elementos que permitan investigar los hechos. También cuestionó que las afirmaciones hayan sido difundidas sin pruebas y consideró que comprometen el funcionamiento de distintas instituciones municipales.

En declaraciones a FM Ushuaia, el funcionario calificó las manifestaciones del profesional de la construcción como "con cierto grado de irresponsabilidad" y explicó que "lamentablemente no hay ninguna denuncia en términos judiciales que permitiría obviamente tener un poder que investigue con total autonomía lo que alguien denuncia". A la vez, sostuvo que cualquier presentación con pruebas permitiría avanzar por los canales institucionales correspondientes.

Para Iriarte, el planteo resulta inconsistente porque, según indicó, el propio denunciante "no tiene ninguna prueba en absoluto, ni tampoco a él le han solicitado, por sus propias manifestaciones, que pague determinado monto de dinero". 

Además, señaló que al sostener que pagando se obtendrían excepciones urbanísticas, "hace una manifestación como cierta de algo que pareciera que tiene un trámite que si uno le paga a un empleado de la municipalidad, eso se resuelve", cuando ese tipo de decisiones atraviesa instancias técnicas y políticas con participación de distintos organismos.

En ese marco, recordó que las excepciones deben ser analizadas por el Consejo de Planeamiento Urbano y luego debatidas por el Concejo Deliberante. Por eso, advirtió que la hipótesis planteada implicaría "una red que involucra a todas esas personas" y reiteró que "me parece un poquito irresponsable denunciarlo tan livianamente sin ninguna prueba".

Respecto de las actuaciones formales, confirmó que el profesional será convocado por la Jefatura de Gabinete. "Nos interesa escuchar a todos" y "lo vamos a ayudar en que si él tiene conocimiento de algo que esté mal, por fuera de la normativa, seamos juntos los que llevemos adelante una denuncia", afirmó. Al mismo tiempo, enfatizó: "Aquel que conoce un delito, sobre todo el que es funcionario público, tiene que denunciarlo, tiene la obligación de denunciarlo".

En ese sentido, Iriarte añadió que el denunciante "entiendo que es empleado del gobierno de la provincia" y consideró que esa condición también impone responsabilidades. "No puede hacer una denuncia mediática que luego es utilizada en términos políticos, no seamos inocentes", expresó, antes de insistir en que las acusaciones deberían canalizarse por la vía judicial si existieran pruebas.

El funcionario diferenció además el plano institucional del político. Señaló que, si algún empleado municipal considera afectado su honor, "puede llevar adelante una demanda en ese sentido para que se repare su buen nombre". Sin embargo, afirmó que el trasfondo de la situación excede ese aspecto. "Hay que dejar claro que es una operación política más que nada, me parece a mí", sostuvo.

Consultado sobre el origen de esa interpretación, respondió: "Tengo conocimiento de que el recorte era difundido por funcionarios de la Municipalidad de Río Grande y que estaban impulsando y empujando esta denuncia mediática como un hecho cierto". 

Finalmente, Sebastián Iriarte concluyó que existe "una línea discursiva" destinada a instalar "una sombra de dudas" sobre la gestión municipal mediante denuncias que, según afirmó, nunca terminan respaldadas por pruebas.

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