El diputado Araujo presentó en el Congreso un proyecto que crea una subcomisión investigadora para analizar presuntas irregularidades detectadas en el PAMI de Tierra del Fuego, con denuncias sobre órdenes médicas, licitaciones y posibles responsabilidades de altos funcionarios.
La presentación de un proyecto para crear una subcomisión investigadora en el Congreso Nacional puso el foco sobre presuntas irregularidades en el funcionamiento del PAMI de Tierra del Fuego. El diputado nacional Jorge Araujo sostuvo que la iniciativa busca esclarecer una serie de maniobras detectadas principalmente en Río Grande, que incluirían órdenes médicas presuntamente apócrifas, prestaciones incompatibles con los pacientes, direccionamiento de licitaciones y posibles responsabilidades de funcionarios vinculados a la administración del organismo.
Según explicó en FM Ushuaia, las anomalías comenzaron a detectarse en marzo de 2025 y abarcan múltiples situaciones. Entre ellas mencionó que “una de las más graves es, por ejemplo, la solicitud de estudios médicos, un estudio de fertilidad a personas adultas de 80 años, 75 años, 64”, y agregó que esas órdenes “pasan al PAMI, el PAMI manda a Buenos Aires, y Buenos Aires emite los pagos de estudios que obviamente no se tendrían que pedir a este tipo de personas”.
También describió casos de afiliados que figuraban con prestaciones mientras se encontraban fuera del país. En ese sentido, afirmó que hay pedidos de estudios médicasque, al revisar la documentación “estas personas estaban de vacaciones en Brasil y en ese momento se pidieron todos esos estudios”.
Araujo indicó que otra línea de investigación involucra prestaciones de gastroenterología. Precisó que existen órdenes para estudios denominados “biofeedback anorrectal” emitidas por especialistas que no corresponden y en centros que, según aseguró, “no están ni las personas capacitadas para hacerlo, ni los aparatos existen”.
Señaló además que las primeras irregularidades fueron detectadas en el Centro Médico Medici y que también hallaron “varias, muchas” órdenes en el CEMEP. De acuerdo con sus registros, “tenemos órdenes médicas que pueden llegar a un valor estipulado de 1.500 millones de pesos”.
El legislador relató que las sospechas surgieron cuando el jefe de Gastroenterología, Carlos Mariño Camacho, recibió consultas sobre órdenes que, según dijo, nunca había autorizado. “Esas órdenes no son legítimas”, sostuvo Araujo al reconstruir el origen de la investigación, que luego derivó en otros hallazgos vinculados a prótesis, droguerías y prestaciones.
La denuncia también incorpora un componente político. Araujo aseguró que “esto también derivó en la investigación, a otras irregularidades. Por ejemplo, el direccionamiento de licitaciones”, y vinculó esa situación con Fernando Polizzi, de quien afirmó que “en la actualidad este señor es el presidente de la Dirección Nacional de Puertos”, tras desempeñarse en el PAMI. Añadió que ese funcionario “responde directamente a Agustín Coto”, actual senador nacional libertario, y sostuvo que existe “un nexo” entre ambas etapas, en referencia a la intervención portuaria y la Dirección Provincial de Puertos.
Frente a la falta de respuestas, indicó que también realizaron una denuncia ante UFI-PAMI y ahora impulsan la creación de la subcomisión investigadora. “No nos queda otra alternativa que recurrir a la creación de esta subcomisión investigadora en el Congreso de la Nación”, afirmó. Finalmente, sostuvo que el objetivo es garantizar que “estos fondos que tienen que ser destinados para nuestros adultos mayores vayan a donde tienen que ir”.






