«La ley 1075 estableció que por 4 años estos recursos deben destinarse al organismo previsional» afirmo Rubén Bahntje.
El ex presidente del organismo recordó que «cuando asumió Rosana Bertone el sistema previsional estaba en crisis, los jubilados no cobraban sus haberes y no era por capricho del gobierno de Ríos, simplemente la totalidad de aportes y contribuciones no alcanzaba para cubrir el pago de jubilaciones y la situación se agravaba mes a mes, producto de nuevas jubilaciones generadas en leyes como la 460 y los 25 inviernos que provocaron lo que todos conocemos» y agregó «la solución que se propuso, y que fue acompañada por la legislatura, fue un conjunto de leyes que aportaron herramientas de corto, mediano y largo plazo, lo que despectivamente se llamó el paquete de leyes y que claro que era un conjunto de leyes, porque ninguna medida por sí sola solucionaba nada y la solución propuesta requería de varias medidas.»
En cuanto a estas herramientas, Bahntje dio cuenta que «en el corto plazo era necesario regularizar los pagos y se declaró legalmente la emergencia que ya existía de hecho. Esta medida, que fue tan criticada, sigue vigente hoy a más de 7 años de su sanción, ya que fue prorrogada dos veces por esta gestión y seguirá vigente al menos hasta fin de este año.»
«En el largo plazo se reformularon los requisitos de acceso a los beneficios, en forma gradual, tan gradual que hoy, el hombre se puede jubilar a los 59 años y la mujer a los 54, esto es hasta 6 años antes que los fueguinos que trabajan en una fábrica, en la pesca, en el comercio, los trabajadores del transporte urbano, sin considerar la reciente jubilación extraordinaria»
«Como las edades se modificaban tan gradualmente el déficit seguiría aumentando en menor porcentaje pero seguiría siendo cadaa ño superior al anterior, al menos durante 5 o 6 año y entonces ¿cómo se garantizaban los recursos para garantizar el pago? Bueno, con medidas extraordinarias de corto y mediano plazo. La primera emergencia estableció un aporte solidario de trabajadores, jubilados y funcionarios. El aumento de ingresos brutos a las intermediaciones financieras (que pagan todas las entidades, con excepción del BTF) y esos recursos se destinan a ir cancelando la deuda de los 208 millones de dólares una vez alcanzado ese objetivo debería darse de baja ese impuesto. Recordemos que esa deuda la generó el primer gobierno provincial, la seguimos pagando y la seguirán pagando los nietos de quienes la contrajeron.»
«Para el corto plazo, se sumaban recursos que se obtendrían al recuperar la Provincia el cobro del impuesto inmobiliario. Así se definió en el artículo 285 de la que sería la ley 1075, estableciendo que los recursos excedentes producidos por la modificación del Impuesto Inmobiliario prevista en la presente ley, serán destinados a financiar el pago de jubilaciones y pensiones del IPAUSS o al organismo previsional que lo reemplace por un periodo máximo de 48 meses«.
Para Bahntje, «ahora el gobierno deberá definir cuáles son esos recursos excedentes, recordemos que cuando se sanciona la ley la provincia contaba con una valuación inmobiliaria reciente que era la que se aplicaría al cobro del impuesto y el excedentes sería la diferencia entre lo establecido en ese momento y la resultante de la nueva valuación. El gobierno podría emitir un decreto reglamentario y en forma inmediata comenzar a aplicarlo. Técnicamente, la ley ya comenzó a devengar recursos a partir de este mes favor de la Caja de Previsión y en los pirmeros días de agosto la AREF debería remitir esos recursos para el pago de jubilaciones.»
Sobre la cuestión de fondo, afirmó no tener dudas, «el impuesto inmobiliario es potestad de la provincia y siempre lo fue. Así lo demuestran los fallos de corte, los informes de los organismos nacionales que recopilan información tributaria, pero también la historia que nos recuerda que en tiempos del Territorio la legislatura cedía graciosamente a los municipios parte y luego la totalidad del impuesto sin contraprestación alguna y posteriormente al dictarse la Constitución Provincial se estableció que los impuestos de percepción directa son parte del tesoro provincial.»
Sobre la historia impositiva de Tierra del Fuego, el exfuncionario indicó «A veces perdemos de perspectiva que las cosas no siempre fueron así, y nos paramos a analizar el presente como si todo hubiera sido siempre igual. Es muy interesante leer el dictamen 5/2010 de la Fiscalía de Estado que relata los cambios históricos de la distribución de recursos entre Provincia y municipios y de hechos escandalosos como una legislatura que decidió coparticipar recursos que Nación había destinado exclusivamente para la Provincia, como fue el aumento de la coparticipación a partir del 1 de enero de 1994. También al recorrer las modificaciones históricas nos encontramos con la que podría ser la mayor defraudación en la historia de Tierra del Fuego, en el año 1988 la ley 343 elevó los porcentajes de coparticipación a los municipios y expresamente estableció que esos recursos tenían afectación específica para obra pública. La historia da cuenta que los municipios recibieron los recursos y no respetaron la asignación de esos recursos.»
El recuerdo de la 648
En cuanto a como se resolverá el conflicto actual con los municipios, Bahntje expresó «creo que no hay nada que resolver, las partes fueron a la justicia, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia dictó sentencia en el 2017. Los municipios fueron en queja a la Corte y la Corte resolvió desestimar la queja. Ahora solo resta respetar las instituciones y acatar el fallo», aunque no descartó una intervención legislativa: «claro que nuestro pasado nos condena, cuando en la gestión de Fabiana Ríos se judicializó la ley 648 que establecía que la Provincia debía destinar el 25 % del total de los recursos provinciales, previo a la coparticipación, al sistema educativo los municipios fueron a la justicia, el Superior Tribunal falló a favor de la provincia y en pocas horas los intendentes se reunieron con los legisladores y alcanzaron esos consensos extraordinarios que nadie explica y que uno supone por donde pasan y así fue que la legislatura derogó la ley. ¿Si ya sabían lo que querían, para qué fueron a la justicia?. Eran los tiempos en que el Legislador Fabio Marinello se jactaba de «los consensos» y cuanto mayor era el conflicto mayor el interés de algunos legisladores en encontrar esos consensos. En ese momento el sistema educativo perdió una gran cantidad de recursos y nadie se escandalizó. Luego declararon varias emergencias educativas para reparar los edificios, pero cuando una ley garantizaba recursos la derogaron».
Consultado sobre si cree que esta vez legislatura dará marcha atrás, opinó «claro que pueden hacerlo y entonces quedará claro que buscan quebrar el sistema de jubilaciones estatales. En diciembre sancionaron una reforma que generará en el mediano plazo un incremento notable del déficit, y ni un solo legislador puedo decir de cuanto será el déficit, a pesar de que tenían información del organismo previsional, lo negaron porque había un compromiso político de jubilar a miles de personas antes de los 60 años sin importar el costo ni como se financiará y si blanqueaban los números no podían votar lo que votaron. El impacto real no lo podemos ver porque recién este mes los trabajadores podrán solicitar esas jubilaciones extraordinarias, ya que la reglamentación demoró 7 meses y por eso hasta ahora el efecto fue nulo» y analizó «si luego de sancionar esa ley que aumenta el déficit dejan sin efecto una que genera recursos extraordinarios no hay mucho que reflexionar, la intención será clara, aunque públicamente digan otra cosa: el sistema volverá a estar en quiebra y entonces reaparecerá el fantasma de transferir la Caja a la ANSES. No hace falta que nadie niegue esa intención, solo hay que ver que hacen con los recursos que ahora le corresponden a la Caja. «
