A días de la definición en la Legislatura, la selección de autoridades para la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes acumula críticas por la falta de publicidad de antecedentes, cambios de criterio y eventuales incompatibilidades.
El concurso para designar a las autoridades de la Defensoría Provincial de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes continúa atravesado por cuestionamientos antes de que la Legislatura adopte una decisión definitiva. Las observaciones apuntan a la difusión de información sobre los aspirantes, las condiciones establecidas durante el trámite, la posibilidad de impugnar candidaturas y un presunto conflicto de intereses dentro de la comisión evaluadora.
La legisladora Natalia Gracianía consideró que las irregularidades advertidas durante el procedimiento afectan la validez política e institucional de las ternas elevadas a la Cámara. “Desde mi punto de vista este concurso debería hacerse de cero”, sostuvo en FM Ushuaia, al entender que la alternativa adecuada es reiniciar el proceso y permitir una nueva participación de todos los inscriptos iniciales.
Una de las críticas centrales se concentra en la instancia de admisibilidad. De acuerdo con lo expuesto por la parlamentaria, se publicó la nómina de personas habilitadas para continuar junto con sus datos identificatorios, aunque no se pusieron a disposición los antecedentes presentados por cada una. Esa limitación, señaló, impidió que la ciudadanía y otros postulantes pudieran controlar si reunían las condiciones requeridas o formular impugnaciones fundadas.
“No se pudo acceder a qué era lo que acreditaban como antecedentes respecto de su calidad para poder formar parte de este concurso de antecedentes y oposición”, expresó. Para Gracianía, el problema se profundizó porque las pautas del concurso no habrían estado claramente definidas desde el comienzo: “Las reglas se fueron escribiendo a medida que las etapas iban avanzando”.
El procedimiento lleva cerca de cinco meses y, según indicó, durante ese período se formularon planteos que no recibieron una respuesta satisfactoria. También mencionó que, durante la audiencia pública, se habría reconocido una relación personal, política o institucional entre una integrante de la comisión evaluadora y la postulante que quedó primera en el orden de mérito.
La legisladora entendió que ese vínculo debe ser considerado un conflicto de intereses y lo incorporó a su pedido de revisión integral. Su posición no se limita a modificar la integración final de las ternas, sino a retrotraer el trámite para que todas las personas anotadas tengan otra vez igualdad de condiciones para competir.
A los cuestionamientos ya existentes se agregó una presentación contra otra aspirante incluida en las ternas enviadas a la Legislatura. Gracianía aclaró que aún no conoce los detalles formales de esa objeción y evitó anticipar una valoración, aunque remarcó que deberá ser tratada antes de la resolución definitiva.
La Cámara deberá seleccionar entre las ternas elaboradas por la comisión evaluadora, organizadas por ciudad y con un orden de mérito ya definido. Para Gracianía, esa instancia no debería avanzar sin responder las observaciones planteadas por participantes del concurso y por distintos sectores.
La parlamentaria recordó que presentó un pedido para frenar los plazos y revisar las etapas objetadas, sin que la solicitud prosperara. Consideró que las deficiencias señaladas comprometen la transparencia y la igualdad de oportunidades en un proceso público destinado a cubrir cargos por cinco años. “Si estamos ante una decisión tan importante”, afirmó, quienes se postulen deben hacerlo “bajo las reglas absolutamente claras, las mismas reglas para todos, bajo la transparencia y la publicidad de los actos de gobierno”.
