La legisladora provincial presentó una nota ante la Comisión Evaluadora para solicitar precisiones sobre las exclusiones registradas en el proceso de selección del Defensor o Defensora Provincial de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Además, requirió que se suspendan los plazos vigentes hasta que se esclarezcan los criterios aplicados.
La legisladora provincial Natalia Gracianía presentó una nota ante la Comisión Evaluadora del concurso para la designación del Defensor o Defensora Provincial de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, mediante la cual solicitó la revisión de los criterios aplicados durante la etapa de admisibilidad de los postulantes.
La iniciativa surge a partir de las inquietudes expresadas por distintos aspirantes al cargo y, especialmente, por la elevada cantidad de exclusiones registradas durante el proceso. Según indicó, más del 84% de los rechazos informados estuvieron vinculados al requisito de residencia, una situación que motivó el pedido de mayores precisiones sobre la evaluación realizada.
En este contexto, Gracianía requirió que la Comisión detalle de manera clara y fundada los criterios utilizados para analizar cada caso. De esta manera, busca garantizar la transparencia, la objetividad y la igualdad de oportunidades en un procedimiento que consideró de alta relevancia institucional.
Asimismo, la parlamentaria solicitó la suspensión de los plazos vigentes hasta tanto se brinden las aclaraciones correspondientes. A su entender, resulta fundamental despejar cualquier duda sobre el proceso y asegurar condiciones de participación claras y equitativas para todos los postulantes.
“La designación de una figura tan importante para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes exige un procedimiento transparente, previsible y que brinde garantías a todos los participantes”, sostuvo Gracianía.
Finalmente, señaló que el planteo apunta a fortalecer la confianza pública en el concurso y a garantizar que la selección se desarrolle bajo los más altos estándares de imparcialidad, transparencia y seguridad jurídica.
