En un documento enviado a la Legislatura, la Caja de Previsión Social advierte sobre desigualdades en el proyecto en discusión y plantea que, si se avanza, lo coherente es que tanto el Gobierno, municipios y otros poderes del estado junto con los organismos de control aporten mediante transferencias automáticas y continuas.
En el marco del tratamiento legislativo del proyecto de Ley en que se debatió el pago de aportes a la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) y a las cajas previsionales, la Caja de Previsión Social de Tierra del Fuego presentó un documento crítico en el que pide revisar la iniciativa antes de su aprobación .
En primer lugar, desde el organismo plantean que el esquema propuesto —basado en la retención automática de fondos al Estado provincial a través del Banco de Tierra del Fuego— resulta incompleto. Según advierten, la medida excluye a una parte significativa de los aportantes, como los municipios, los concejos deliberantes, las sociedades con participación estatal y otros organismos públicos.
En ese contexto, la Caja introduce un punto central: ¨si se decide avanzar con un mecanismo de cobro automático, lo coherente es que alcance a todos los niveles del Estado¨. Es decir, no solo al Gobierno provincial, sino también a los municipios y demás organismos, bajo un sistema de transferencias continuas o “pago por goteo” que garantice regularidad en los aportes.
Asimismo, el documento subraya que la propuesta genera un trato desigual entre aportantes. Mientras algunos quedarían sujetos a mecanismos estrictos de retención, otros continuarían con esquemas menos exigentes, lo que, según la Caja, debilita la sostenibilidad del sistema previsional.
Por otro lado, el planteo cobra mayor relevancia si se considera el nivel de morosidad existente. De acuerdo con el texto, cerca del 50% de los empleadores aportantes mantiene deudas exigibles. En consecuencia, limitar las herramientas de cobro a un solo sector no solo reduce su efectividad, sino que deja sin resolver una parte estructural del problema.
Finalmente, desde la Caja recuerdan que ya existen herramientas legales para la recaudación de deudas e intereses, aunque reconocen que su aplicación resulta insuficiente. Por ello, insisten en la necesidad de avanzar hacia mecanismos automáticos, universales y sostenidos en el tiempo, donde —de implementarse— el pago por goteo para Gobierno y municipios aparezca como la alternativa más consistente para ordenar el financiamiento del sistema
