-Política y Poder-
El Consejo de la Magistratura de la provincia designó ayer por unanimidad y en forma interina, como juez de la Sala Civil de la Cámara de Apelaciones de Río Grande, al primo del recién electo ministro del Superior Tribunal de Justicia, Ernesto Loffler.
Se trata de Francisco José Cappellotti, quien se desempeñaba como prosecretario de esa Cámara y era relator de las sentencias de Loffler en el organismo.
Los vínculos entre el nuevo jefe de la Justicia y su primo no son solo por razones de parentesco.
Por ejemplo, ambos son coautores del libro “Guía práctica para hacer una tesis” de editorial Ediciones de la Lenga.
Además, Loffler participó de la presentación de la novela “Matar a Borges” publicada en 2012 por Cappellotti, en su calidad de escritor de ficción.
Además, Loffler participó de la presentación de la novela “Matar a Borges” publicada en 2012 por Cappellotti, en su calidad de escritor de ficción.
Por otra parte, la relación de Cappellotti no es solamente con el actual juez del Superior Tribunal de Justicia. En un posteo de Facebook le agradeció a Matías Loffler (hermano de Ernesto y ex candidato a diputado por el Mopof) por la corrección del proyecto “La Constitución para los pibes”.
Y por si hace falta más, en el listado de los amigos de Cappellotti en la red social Facebook, aparecen varios integrantes de la familia Loffler.
A pesar de ello, Ernesto Loffler (recientemente designado juez del Superior Tribunal por un acuerdo con el gobernador Gustavo Melella) es uno de los que firmó la Acordada 24/21 solicitando el acuerdo para la designación de Cappellotti como juez interino de Cámara.
Ayer, el Consejo de la Magistratura prestó ese acuerdo mediante un procedimiento que algunos juristas, como el abogado de Ushuaia Antonio Aciar, tildan de inconstitucional.
La designación se basa en la ley 831 que incorporó el artículo 87 bis a la ley 110 orgánica del Poder Judicial.
Allí se indica que “en los casos de cargos de Magistrados, Defensores Públicos y Agentes Fiscales vacantes transitoria o definitivamente y de manera prolongada, el Superior Tribunal de Justicia podrá cubrirlos en forma interina, para asegurar la continuidad y eficiencia del servicio, solicitando acuerdo transitorio al Consejo de la Magistratura para designar al efecto a un Magistrado o funcionario”.
Sin embargo, la Constitución fueguina sostiene en su artículo 161 que es una función del Consejo de la Magistratura “proponer al Superior Tribunal de Justicia la designación de los magistrados”.
Es decir que según el texto constitucional, no es función del Consejo realizar acuerdos transitorios para el nombramiento de jueces propuestos por el Superior Tribunal.
Con ello, la ley 831 “invierte el sistema de selección de magistrados, toda vez que crea un mecanismo no previsto en la Constitución, consistente en que el STJ le pide al Consejo que le diga que sí, a la propia designación que hace el organismo, sin ningún proceso de selección en el medio”, argumentan quienes se oponen a esta modalidad.
También mencionan el peligro de que se demoren los puestos vacantes para luego utilizar este método y para terminar designando, cuando al fin se realiza el concurso, a quien ya venía ejerciendo el cargo, transformando así lo interino en definitivo.
Por otra parte, con el nombramiento de su primo, Loffler continúa con la construcción de poder interno dentro del Poder Judicial mientras se aprovecha de su vínculo con Melella, quien a pesar de haber sido desvinculado en primera instancia por un fallo del juez Raúl Sahade, sigue atado a una causa por el presunto abuso sexual de dos sobreros de la construcción.
En un claro intercambio de favores, Sahade zafó de un pedido de jury por el supuesto arreglo de causas de su juzgado, justo después de rechazar la investigación contra Melella, al tiempo que el gobernador designó a Loffler en el Superior Tribunal.
