PROTECCIÓN DEL ENTORNO

Fiscalías ambientales promueven herramientas extra penales 

Oct 3, 2025 | General

La Red Argentina de Fiscalías Ambientales, presidida por Jorge Barraguirre, impulsa mecanismos de solución de disputas y prevención, tomando como modelo experiencias internacionales para fortalecer la labor judicial en causas ecológicas.

En el marco de una creciente atención sobre los delitos ambientales, el procurador general de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y presidente de la Red Argentina de Fiscalías Ambientales (RAFA), Jorge Barraguirre, explicó en FM Ushuaia los objetivos de esta organización. 

"Se fundó esta Red Argentina de Fiscalías Ambientales, con ese propósito de alguna manera de institucionalizar y tratar de uniformar, de reforzar las actuaciones y las investigaciones que tenemos a cargo", señaló. 

Barraguirre destacó que uno de los propósitos centrales fue "rescatar el derecho ambiental, no el derecho penal ambiental", enfatizando la necesidad de "no ver el costado punitivo, sino el costado preventivo y precautorio, que forma parte del corazón del derecho ambiental, es decir, sin necesidad de llegar a la infracción".

La red, ya constituida como asociación civil, busca fortalecer las capacidades de los fiscales. En este sentido, Barraguirre se refirió a un mecanismo específico que analizan incorporar, inspirado en el modelo brasileño. En el encuentro al respecto en la ciudad de Ushuaia, "vamos a discutir un mecanismo que está muy desarrollado por los ministerios públicos brasileños, que de alguna manera son los modelos a seguir en Latinoamérica, tienen un mecanismo de investigación y de solución de disputa que se llama términos de ajuste de conducta". 

Explicó que estos términos son "muy parecidos" a un proceso abreviado penal, pero se aplican en el área civil, esencialmente, y permiten a los fiscales "negociar para convenir, para acordar con el acusado de una falta ambiental cuál es el tipo de política pública que se va a requerir, cuál es el tipo de actividad que se le va a exigir al denunciado, si es recomposición o remediación o si esto no se puede hacer, cuál es la compensación por el daño ambiental que se ha producido".

Respecto a la viabilidad de implementar tales herramientas en Argentina, Barraguirre fue claro: "Creo que tiene que tener raíz legislativa". Aclaró que, al considerar que son facultades de procedimiento, "tienen competencia las provincias, lo cual facilita el acceso para este tipo de reformas procesales u organizacionales de los ministerios públicos". 

El procurador también reflexionó sobre los desafíos institucionales: "Tenemos muchas herramientas normativas, muchos derechos como para que hagamos valer, pero nos están faltando a lo mejor algunos dispositivos institucionales y sobre todo contar con la infraestructura que a veces los ministerios públicos necesitamos para poder avanzar". Como ejemplo, mencionó la necesidad de "laboratorios propios" adaptados a la investigación ambiental, señalando que "contamos con dispositivos normativos pero no contamos a veces con la infraestructura necesaria, tanto fiscales como jueces".

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