El Superior Tribunal de Justicia fueguino revocó la denegación de una pensión en Ushuaia, priorizando la integridad de una víctima de violencia por sobre el requisito de convivencia.
En una decisión judicial de gran calado, el Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego revocó un acto administrativo de la Caja de Previsión Social provincial que denegaba el otorgamiento de una pensión por fallecimiento de su cónyuge a una mujer, por no acreditar convivencia al momento del deceso.
El tribunal, tras un exhaustivo análisis del expediente, determinó que la separación de hecho fue consecuencia directa de la violencia de género sufrida por la solicitante, quien se vio forzada a abandonar el hogar para preservar su salud e integridad psicofísica.
La sentencia establece que, en contextos de violencia doméstica debidamente acreditada, no puede imputarse responsabilidad alguna a la víctima por la interrupción de la vida en común, un elemento que, según la ley 17.562, suele ser causal de denegación del beneficio.
El fallo fundamenta su postura en los principios consagrados por instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por la Argentina, como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
Estos tratados reconocen expresamente que la violencia de género constituye una violación grave de los derechos humanos que anula el ejercicio de las libertades fundamentales, incluyendo los derechos económicos y sociales. A su vez, imponen al Estado la obligación de abstenerse de realizar prácticas que resulten discriminatorias.
En este sentido, los magistrados consideraron que exigir a una víctima que demuestre que recibía asistencia económica de su agresor tras haber huido para salvar su vida representa un contrasentido intolerable y una barrera institucional que perpetúa la discriminación y la revictimización.
La resolución, que ordena otorgar la pensión reclamada, es vista como un precedente jurisprudencial crucial. Subraya la imperiosa necesidad de aplicar una perspectiva de género en la interpretación de las normas previsionales, priorizando la protección efectiva de las víctimas sobre formalismos legales que ignoran las asimetrías y condicionantes propios de las relaciones basadas en la violencia.
