SEPELIO SOLIDARIO. Experto califica de “salvaje” el cálculo y direccionamiento del seguro obligatorio

Un especialista en empresas de servicios de sepelio, puso un manto de dudas sobre todos y cada uno de los cálculos de la vergonzosa ley que impone, a toda la población, el pago de un seguro de sepelio obligatorio para favorecer a una empresa de Río Grande.

Mientras los días pasan y la comunidad de Tierra del Fuego aguarda con ansiedad la resolución del Superior Tribunal de Justicia sobre la constitucionalidad o no de la inconcebible Ley sobre servicio de sepelio solidario y compulsivo que sancionaron los legisladores -y avaló el gobierno-, aparecen nuevos datos y argumentos que cuestionan la antojadiza norma que, por el momento, avanza a paso firme hacia una lamentable promulgación definitiva.

Eduardo Malvé, especialista en temas vinculados con empresas de la actividad funeraria o de sepelios, fue consultado en el programa Noticia de Tapa Radio al respecto, y aportó una mirada experta en cuanto a costos y características de los servicios que se le imponen obligatoriamente a todos los usuarios de electricidad de la provincia.

Primeramente, compartió con los oyentes un cálculo de la recaudación que generaría la Ley, basado en una estimación de la cantidad de medidores residenciales en la isla, por no haber podido acceder a la información real de, por ejemplo, la ciudad de Río Grande. Esa estimación asciende a 66,864 medidores en toda la provincia. 

Desafectando aproximadamente el 10% de los medidores con destino industrial que, aunque la ley no dice nada, teóricamente no estarían afectados a este servicio de sepelio solidario, sobre esa base habría una recaudación anual de $ 516,463,000, unos $43,000,000 mensuales. 

Sin embargo, según Malvé informó, un servicio de sepelio básico “tipo dos”, como se lo denomina en el rubro, asciende a $144,182. Multiplicado por la cantidad de muertes durante un año, “en la hipótesis de máxima, con el pico de fallecimientos en 2020, estamos hablando de $116,000,000. En el medio quedan $400,000,000 dando vueltas y según la ley es un superávit de libre acción para la Cooperativa Eléctrica de Río Grande”, se escandalizó. Datos a los que habría que agregarle que ese excedente no es acumulativo para el año siguiente, y no está sujeto a ningún tipo de control.

“Esto es la base, la hipótesis de mínima”, siguió cuestionando Eduardo, puntualmente referido al sobredimensionamiento de la cantidad anual de fallecimientos que antojadizamente los legisladores consideraron: “En 2019 fallecieron 515 personas en la isla, con un incremento muy significativo en 2020, subió un 56%. Y ya en 2021 bajó un 6% y en 2022 ya estamos nuevamente abajo, el 43%. Los indicadores dicen que todo tiende a normalizarse a los índices de mortalidad regulares que tenía la provincia en 2019”.

Añadió otro concepto inaceptable relacionado con el costo que el usuario de energía debe pagar en su factura, equivalente a 6 litros de combustible tipo Infinia: “Desde la promulgación de la Ley, en diciembre del año pasado, el precio del litro de nafta Infinia experimentó tres aumentos. Este incremento seguramente va a ir todos los meses. El servicio de sepelio tiene el mismo precio desde el año pasado”.

“Desconocemos absolutamente quiénes fueron los técnicos o empresarios del sector que los legisladores consultaron para hacer la ley” se indignó Malvé, con una incógnita que en realidad refleja una innegable certeza: Nadie fue consultado.

Cada vez más convencido de estar frente a una Ley a medida y satisfacción de un actor privado determinado, el especialista en servicios de sepelios disparó que “el cálculo salvaje es tremendo, como para ponerle un tachón gigante a la Ley, porque es un cálculo totalmente desubicado”.

Con el mismo calificativo de “salvaje” consideró el evidente direccionamiento de la norma, con el pretexto de atender a la gente más vulnerable.

Cuestionó también el artículo segundo de la Ley, el que contempla la efectiva experiencia de la empresa seleccionada, puesta en dudas: “La cooperativa tiene años de permanencia en la prestación del servicio, pero no necesariamente es una empresa que ha crecido, se ha desarrollado, actualizado, con personal capacitado. Si vamos a una competencia entre empresas capacitadas y no capacitadas, ahí se van a plasmar realmente las características”.

También ridiculizó la redacción del artículo tercero, que dice “en el caso de existir algún tipo de remanente”. Malvé repudió ese supuesto de los legisladores, ante un evidente “remanente salvaje, fuera de todo cálculo y análisis técnico, no resiste el mínimo comentario la diferencia entre lo que se percibe y el costo de la prestación” castigó.

Finalmente, aportó otro detalle que prueba cómo quienes se supone legislan en favor del conjunto de la población, favorecen obscenamente a una determinada empresa privada: “Acá nadie hace una inversión, la cooperativa no invierte nada. Acá la población es la que pone dinero, ese dinero se acumula en esas arcas en una cantidad muy significativa”.