Se trata de la fiscal de Río Grande Verónica Marchisio y del actual camarista penal, Julián De Martino. Marchisio es la fiscal que, llamativamente, no apeló la decisión del juez Raúl Sahade de enviar al archivo, sin investigar, la causa contra Melella.
Dos funcionarios judiciales que aspiran a obtener ascensos inmediatos en la Justicia de Tierra del Fuego están vinculados con la causa donde se investiga al gobernador Gustavo Melella por el presunto abuso sexual coactivo de tres obreros de la construcción.
Se trata de la fiscal de Río Grande Verónica Marchisio y del actual camarista penal (y presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios) Julián De Martino.
Marchisio es la fiscal que, llamativamente, no apeló la decisión del juez Raúl Sahade de enviar al archivo, sin investigar, la causa contra Melella.
Ese comportamiento no pasó desapercibido porque se trata del mismo Ministerio Público que antes había impulsado la investigación e imputado al mandatario, solo que cuando ocupaba sus funciones el ex fiscal Mayor Guillermo Quadrini, quien renunció al cargo para asumir como juez del Tribunal Oral Federal.
Marchisio subrogó a Quadrini y convalidó el fallo de Sahade, con lo que de no haber sido por la apelación presentada por la parte querellante (representante de los obreros) la desestimación de la denuncia hubiera quedado firme.
Después de ese incidente, Marchisio se presentó al concurso para ocupar la vacante que existe en el Tribunal de Juicio de Río Grande, donde actualmente hay dos jueces varones: Eduardo López y Juan José Varela, mientras que el tercer lugar está sin ocupar.
En el caso de De Martino, se trata de uno de los tres camaristas que deberán resolver si hacen lugar a la apelación presentada por la querella, o convalidan la desestimación de Sahade.
A su vez, De Martino se presentó como candidato para ocupar la quinta vacante del Superior Tribunal de Justicia, luego de su ampliación de tres a cinco miembros y de que eligieran en uno de esos cargos al ex camarista (y verdadero jefe de la Justicia) Ernesto “Nene” Loffler.
Los tres trabajadores de la construcción, hombres adultos de origen humilde que se instalaron en Tierra del Fuego provenientes de Formosa y Tucumán en busca de trabajo, acusaron en 2018 al entonces intendente de Río Grande de haberles pedido favores sexuales a cambio de trabajo en obras municipales. La denuncia fue revelada por Infobae en octubre de ese año.
El actual gobernador de Tierra del Fuego -electo en 2019 por Concertación FORJA y hoy alineado con Alberto Fernández- siempre negó las acusaciones y las atribuyó a “una campaña política” en su disputa por la gobernación con su antecesora Rosana Bertone, hoy diputada nacional, también del oficialismo. Melella también argumentó que las denuncias de abuso se debieron a su homosexualidad, que nunca ocultó.
La causa tuvo muy pocos avances durante 2018 y 2019. Sahade se concentró en recabar información sobre las presuntas víctimas, sin llamar nunca a indagatoria al gobernador. Tampoco le secuestró el teléfono inmediatamente después de la denuncia, pese a los audios publicados por este medio que comprometían a Melella, en donde se lo escuchaba interesado en contactar a hombres que buscaban trabajo para supuestamente tener encuentros con ellos.
El titular del Juzgado de Instrucción Nro. 2 de Río Grande desvinculó a Melella de la causa más delicada que enfrentó en su carrera política el 18 de febrero pasado. Un día antes de que el Consejo de la Magistratura provincial tratara una denuncia en su contra por supuestamente “haber cobrado” para dictar una sentencia en otra causa.
Esa decisión del organismo se postergó unos días, y el martes 23 de febrero, el abogado que actuó como fiscal -José Rodas- y que debía acusarlo en ese organismo, desistió de hacerlo y dictaminó a favor de sobreseer a Sahade en el jury por la presunta venta de fallos y arreglo de causas. Rodas trabaja en el estudio jurídico de Löffler.
Coincidentemente, el mismo 23 de febrero que Rodas -el abogado del estudio de Löffler- desistió de acusar a Sahade, el Ejecutivo fueguino publicó en el Boletín Oficial la convocatoria al proceso de consulta de la ciudadanía como paso previo a resolver la designación de Löffler como miembro de la Corte provincial. La resolución estaba fechada 19 de febrero, el día posterior a que Sahade dispusiera el archivo de la causa contra Melella.
