La Municipalidad de Ushuaia busca que el Superior Tribunal de Justicia evalúe la constitucionalidad de una ordenanza que fue tildada de inconstitucional por un fallo correccional, en relación con la regulación del transporte público en la ciudad.
La Municipalidad de Ushuaia decidió llevar ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) un recurso de casación con el objetivo de impugnar la declaración de inconstitucionalidad emitida por la Jueza Correccional sobre la normativa que rige el transporte público en la capital fueguina. En declaraciones realizadas en FM Master’s, el secretario de Gobierno, César Molina, explicó los fundamentos que motivaron esta apelación, buscando así esclarecer la validez de la ordenanza y asegurar su aplicación en la ciudad.
La controversia surge a partir de un fallo del Juzgado Correccional que declaró la inconstitucionalidad de ciertas disposiciones de la ordenanza de transporte, una normativa vigente desde 2017 que regula este servicio en la capital fueguina. Según Molina, la administración local consideró que el fallo afectaba competencias fundamentales del municipio en materia de regulación de transporte público. Por esta razón, se tomó la decisión de recurrir ante el STJ, con el objetivo de que este tribunal defina de manera definitiva la constitucionalidad de las ordenanzas en cuestión.
“En función de las cuestiones que entendíamos se veían afectadas por esta decisión que había tomado el Juzgado Correccional al momento de fallar sobre la constitucionalidad de parte de la ordenanza que regula el transporte en la ciudad, puntualmente con algunas prohibiciones, al notificar tanto al intendente como al Concejo Deliberante, se tomó la definición de realizar el recurso de casación para lograr que el Superior Tribunal de Justicia revise la constitucionalidad justamente de estas ordenanzas que la jueza correccional entendió que eran contrarias al ordenamiento jurídico al declarar esta inconstitucionalidad”, expresó Molina.
El secretario también subrayó que el fallo correccional reconocía la no intervención directa del municipio en el proceso, pero al mismo tiempo consideraba que parte de sus competencias se encontraban en cuestión, lo que justificaba la presentación del recurso. “En un fallo que deja entrever que entiende que el municipio no era parte, entiende que es afectada o que está en discusión parte de su competencia y en función de eso, por lo novedoso del caso y por las particularidades que la misma la jueza admite, el recurso para que sea tratado por el Superior Tribunal”, explicó.
Molina recordó que, si bien en otras provincias ya existían precedentes similares, en el caso de Ushuaia el tema era nuevo, lo que reforzaba la necesidad de una instancia recursiva ante el STJ. “Había antecedentes en otras provincias, por ahí para la ciudad sí es algo novedoso. Nosotros entendíamos que correspondía por la trascendencia del tema que tenga una instancia recursiva. En caso de que lo hubiera negado, hubiésemos ido en queja ante el Tribunal Superior. Pero en este caso la verdad es que estamos conformes con la definición de aceptar el recurso y de elevar los expedientes al Superior Tribunal de Justicia para que sean los jueces supremos de la provincia quienes pongan finalmente una palabra sobre este tema”, afirmó.
El funcionario remarcó la importancia de esta definición judicial, que podría sentar jurisprudencia para toda la provincia en materia de regulación del transporte público. Además, destacó que, a pesar del fallo correccional, las ordenanzas en cuestión forman parte del ordenamiento jurídico vigente y, por tanto, el municipio mantiene la facultad de regular estos aspectos. “Uno de los argumentos es que no hay que desconocer que son parte del ordenamiento jurídico estas ordenanzas que regulan el transporte, que no hay que desconocer la competencia que tiene el municipio para regular estas cuestiones”, señaló Molina.
Asimismo, subrayó que la seguridad del transporte público y la normativa vigente aprobada por el Concejo Deliberante son aspectos centrales en este conflicto judicial. “Se encuentran en juego cuestiones que tienen que ver con la seguridad del transporte y con cómo entiende, hasta hoy por lo menos, el Concejo Deliberante. A partir de ahí, lo que aplica el Ejecutivo, qué se debe regular y cuál es la normativa que está vigente y la que rige todo el sistema de transporte de la ciudad”, puntualizó.
Finalmente, rechazó que las disposiciones de la ordenanza vulneren derechos fundamentales, como el principio de igualdad, afirmando que el objetivo de la normativa es regular un servicio esencial para la comunidad. “No se afecta con este tipo de ordenanzas la igualdad de nadie, sino que justamente lo que se hace es regular un servicio que se presta a la comunidad. Dentro de esos carriles corre la presentación”, concluyó César Molina.
El recurso de casación presentado por el municipio de Ushuaia ante el Superior Tribunal de Justicia marca un nuevo capítulo en la disputa legal sobre la regulación del transporte público en la ciudad, con implicancias que podrían extenderse a la provincia.
