La presidenta del Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat anunció un cambio de enfoque hacia la entrega de lotes con servicios y la oferta de créditos para construcción, debido a la escasez de fondos nacionales para proyectos de vivienda.
Frente a la carencia de recursos provenientes del gobierno nacional, el Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (IPV) de Tierra del Fuego ha decidido redirigir su estrategia hacia la entrega de lotes con servicios. La presidenta del IPV, arquitecta Laura Montes, destacó que esta nueva iniciativa permitirá a los ciudadanos acceder a terrenos adecuados para la construcción de viviendas mediante créditos, en un esfuerzo por mitigar la crisis habitacional que enfrenta la provincia.
La titular del organismo expuso en FM Master’s la nueva modalidad, que surge como respuesta a la discontinuidad de los planes federales de vivienda, que históricamente han sido la base de la solución habitacional en la provincia.
Montes explicó que, aunque el IPV siempre ha ofrecido diversas opciones para acceder a una vivienda, como la entrega de viviendas llave en mano, la regularización de lotes y la entrega de créditos, el contexto actual ha obligado a priorizar la entrega de lotes con servicios. «Son opciones que siempre ha tenido el IPV. El tema es que nuestra columna vertebral para la solución habitacional eran los planes federales de vivienda que hoy no existen. No es una política que vaya a implementar el gobierno nacional», señaló Montes, subrayando que esta falta de fondos nacionales ha llevado al organismo a buscar alternativas.
La presidenta del IPV también mencionó que, a pesar de esta situación, existe un convenio firmado con el gobierno nacional que permitirá continuar con la construcción de 500 viviendas en la provincia, las cuales se encuentran en distintas etapas de ejecución. «Sí vamos a recibir financiamiento desde el gobierno nacional, de hecho, hay un convenio firmado, para continuar la ejecución de las 500 viviendas que tenemos a nivel provincial, que obviamente van a ser terminadas y entregadas», aseguró.
Ante la necesidad de replantear su rol, el IPV ha comenzado a explorar otras formas de financiamiento que no dependan del Estado nacional. Montes mencionó la posibilidad de recurrir a capitales privados u otras fuentes de financiamiento, aunque reconoció que, debido a la inestabilidad económica, la inversión privada es incierta en el corto plazo. «Puede ser privado, puede ser a través de alguna otra opción que hoy desconocemos», expresó, dejando la puerta abierta a futuras posibilidades.
En cuanto a las nuevas líneas de acción, destacó que la entrega de lotes con servicios será la prioridad del IPV hasta que se logre obtener algún tipo de financiamiento adicional. «La opción número uno es la entrega de lotes con servicios. Pretendemos que la gente que tiene el lote ya pueda acceder a créditos a mediano plazo, como siempre lo hacíamos, y ver también las obras por administración y lo público privado», detalló.
Las obras por administración, una modalidad que usualmente es manejada por los municipios, también serán consideradas por el IPV. Esta metodología permite que el Estado administre los fondos destinados a la compra de materiales y la contratación de mano de obra, lo que, según Montes, podría reducir los costos en las obras de infraestructura. «Es básicamente que el Estado administra los fondos para comprar los materiales y contratar la mano de obra, que eso abarata, no para hacer obras de arquitectura, pero sí para hacer obras de infraestructura», explicó.
En cuanto a la colaboración público-privada, Montes admitió que, aunque es una opción viable, la inversión privada depende de la estabilización de la economía nacional, lo cual genera incertidumbre. Sin embargo, afirmó que el IPV está dispuesto a iniciar proyectos pilotos para evaluar la viabilidad de esta modalidad. «Puede que iniciemos con algún proyecto mínimo para ver cómo sería la ejecución de todo esto, cómo sería el fideicomiso, cómo sería la intervención», indicó.
Por último, Laura Montes se refirió a la posibilidad de implementar alquileres sociales, una medida que ya había sido mencionada por el gobernador en el pasado. Esta iniciativa estaría dirigida a personas con ingresos temporales, mínimos o en situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica.
«Estamos trabajando en todo eso para adecuar nuestro rol», concluyó, reflejando el compromiso del IPV de adaptarse a las nuevas realidades contextuales y su relación con las necesidades de la población fueguina.
