Martín Perez, intendente de la ciudad de Río Grande, detalló que la reducción es de $50 millones mensuales y amenaza programas sociales. Anunció acciones legales y pidió a los poderes provinciales revisar la medida.
El intendente de Río Grande, Martín Perez, expuso su preocupación por una significativa disminución en los fondos que recibe desde la provincia, una situación que, según advirtió, compromete la ejecución de obras y la sostenibilidad de políticas públicas sensibles.
Durante una rueda de prensa, el mandatario local aseguró que la gestión municipal defenderá los recursos que considera propios y hará todo lo necesario para mantener los servicios esenciales.
El intendente precisó que la ciudad enfrenta una quita no consensuada de cerca de cincuenta millones de pesos por mes, lo que equivale a una reducción anual de seiscientos millones de pesos. Esta decisión, afirmó, pone en riesgo la continuidad de programas fundamentales que actúan como un escudo social ante la adversidad económica. "Cada recorte tiene un impacto directo en derechos concretos", declaró Perez, enfatizando que el municipio no puede ser la variable de ajuste de determinaciones adoptadas sin planificación ni diálogo.
Entre las políticas más afectadas por esta merma de recursos, Perez citó específicamente al sistema de transporte público gratuito, una iniciativa que demanda una erogación municipal de aproximadamente ochocientos millones de pesos al año y que alcanza a estudiantes, adultos mayores, excombatientes de Malvinas y personas con discapacidad. "Son decisiones que no se toman a la ligera. Detrás de cada peso hay un servicio, un derecho, una necesidad concreta de nuestra comunidad", manifestó, alertando que la quita arbitraria perjudica la prestación de ayuda directa a los sectores más desprotegidos.
Ante este panorama, confirmó que el municipio procederá con los reclamos administrativos correspondientes y evaluará llevar el caso a la Justicia si no se revierte la medida.
Simultáneamente, instó al gobernador y a los legisladores provinciales a reconsiderar el recorte y a analizar sus efectos reales sobre los gobiernos locales, a quienes describió como la primera línea de respuesta ante las necesidades sociales. "Los municipios somos quienes damos la cara todos los días, quienes garantizamos servicios esenciales en un contexto de enorme dificultad económica", aseveró.
Perez destacó que Río Grande conserva un equilibrio fiscal gracias a una administración eficiente, lo que ha permitido absorber en parte el impacto, aunque recalcó que ninguna administración municipal puede resistir indefinidamente una pérdida tan cuantiosa de fondos. "Defender los recursos de Río Grande es defender los derechos de nuestros vecinos. Cada peso que ingresa al Municipio vuelve en servicios, en obras y en políticas públicas", puntualizó.
En este marco, reafirmó el compromiso de no incrementar la carga tributaria de los ciudadanos y priorizar el bienestar de toda la comunidad.






