Informe de Prefectura

El Gobierno reafirma que la intervención carece de sustento 

Abr 22, 2026 | Política

El Jefe de Gabinete sosuvo que la certificación oficial de Prefectura Naval que avala la seguridad del puerto de Ushuaia hasta 2029 refuerza el rechazo del Gobierno fueguino a la intervención federal y anticipó nuevas acciones legales.

La reciente difusión del informe de la Prefectura Naval Argentina que certifica la seguridad operativa del puerto de Ushuaia hasta 2029 consolida la postura del Gobierno de Tierra del Fuego, que insiste en calificar como ilegítima la intervención federal sobre la terminal marítima. 

El ministro jefe de Gabinete, Jorge Canals, aseguró en FM Ushuaia que el documento “confirma lo que nosotros venimos sosteniendo y venimos planteando desde un primer momento”, al tiempo que cuestionó los fundamentos esgrimidos por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN).

“Es una intervención federal completamente ilegítima, nosotros consideramos que en realidad no había ningún tipo de sustento lógico ni técnico que pudiera avalar este accionar”, afirmó el funcionario, y agregó que “se han ido cayendo cada uno de los argumentos” utilizados para justificar la medida. 

En ese sentido, señaló que uno de los principales cuestionamientos, vinculado a un supuesto desvío de fondos hacia la OSEF, “se desvaneció y se cayó porque no hubo ningún tipo de ejecución de esa cláusula”.

Canals también cuestionó los argumentos vinculados al estado de la infraestructura portuaria. “Ellos planteaban que la intervención estaba basada en que no tenía seguridad, la infraestructura era un desastre”, recordó, y remarcó que “eso realmente se cae con este documento”. 

Según explicó, la operatoria del puerto continuó sin modificaciones desde el inicio de la intervención: “Han seguido con la misma operación que ya tenía realizada con todos los convenios, con todos los contratos que tenía la propia Dirección Provincial de Puertos”.

El ministro indicó además que el informe de Prefectura no fue incorporado a tiempo en las actuaciones provinciales. “No tengo conocimiento de que esto se haya ingresado previo a la intervención federal”, sostuvo, y subrayó que “nosotros no lo pudimos utilizar tampoco como argumento en las presentaciones”.

En relación con el desempeño previo de la Dirección Provincial de Puertos, Canals rechazó las críticas sobre una supuesta inacción. “La verdad que sí se atendió, la verdad que sí se dieron las respuestas”, afirmó, y remarcó que se venía trabajando en mejoras de infraestructura y seguridad. En esa línea, destacó que el informe de Prefectura “tiene que ver nada más y nada menos que con el trabajo que venía desarrollando la Dirección Provincial de Puertos”.

El funcionario también puso el foco en la administración de los recursos desde la intervención. “Hoy no tenemos ningún tipo de información, ningún tipo de conocimiento”, advirtió, y cuestionó que “no sabés cuáles son las contrataciones, no sabés quién está operando adentro del puerto”. En ese marco, aseguró que “hay gente que va a tener que responder por los desvíos de fondos que están siendo ahora”.

Respecto de la estrategia judicial, Canals adelantó que el nuevo escenario podría derivar en acciones adicionales. “Se está ampliando el espectro porque no solamente hay una situación con la intervención propiamente dicha, sino que hay un montón de agravantes”, explicó, y añadió que “hay responsabilidades y vamos a trabajar en la estrategia legal”.

Finalmente, reafirmó la posición oficial del Ejecutivo: “Uno vuelve a sostener y vuelve a consolidar esta posición que fue una intervención caprichosa”, y concluyó que el Gobierno provincial continuará avanzando en las acciones necesarias para revertir la medida.

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