El Jefe de Gabinete sostuvo que el proceso constituyente ya está en marcha, consideró inconstitucional la nueva ley aprobada por la Legislatura y anticipó el veto. Apostó al diálogo político para evitar la judicialización y ratificó el cronograma electoral vigente.
El ministro jefe de Gabinete de la provincia, Jorge Canals, afirmó que el Gobierno mantiene la convocatoria a elecciones del próximo 9 de agosto, pese a la abrogación legislativa de la ley que habilitaba el proceso de reforma constitucional, y aseguró que “el proceso constituyente ya está en marcha” y no puede ser interrumpido por una norma posterior.
En ese sentido, sostuvo en FM Ushuaia, al ser consultado sobre la realización de los comicios, que “la reforma, nosotros entendemos que está en marcha”, al tiempo que confirmó que “vamos a trabajar en consecuencia entendiendo que es un proceso constitucional que ya está en marcha”.
El funcionario remarcó que la decisión del Ejecutivo se apoya en la interpretación de que no existen herramientas legales para frenar el proceso para “el 9 de agosto poder elegir qué provincia queremos para los próximos 30 o 40 años”, expresó, subrayando la centralidad del proceso electoral convocado.
Canals explicó que el decreto de convocatoria ya fue remitido a los ámbitos institucionales correspondientes y que el cronograma continúa su curso. “El mismo miércoles fue girado al Poder Legislativo el decreto convocatoria a elecciones, se ha notificado al juzgado electoral”, indicó, y agregó que “empiezan los diálogos netamente institucionales y del Poder Ejecutivo en lo que tiene que ver con la implementación de todo el proceso, cronograma, recursos, partidas”.
En relación con la ley aprobada por la Legislatura, el ministro fue categórico al señalar que “nosotros consideramos que es inconstitucional bajo todo punto de vista”, e insistió en que “el proceso electoral ya está en marcha” y que “no puede haber una ley que pueda suspender el proceso electoral, porque hay un poder constituyente que ya está en marcha”.
Según detalló, el origen del proceso se remonta a la sanción de la ley anterior y su posterior validación judicial. “Una vez que fue emitida la ley 1529, pasó al Ejecutivo Provincial y no podía ser vetada”, recordó, y añadió que “todo eso ya pasó y ya se dirimió”, en referencia a las instancias judiciales que confirmaron la constitucionalidad del proceso.
En este contexto, adelantó que el Gobierno utilizará herramientas institucionales para responder a la nueva norma. “No tiene que ver con vetarla porque me guste o no me guste, tiene que ver con que la tengo que vetar porque es inconstitucional”, afirmó, aunque aclaró que también se analizan otras alternativas: “Estamos evaluando si es solamente el veto lo que hay que impulsar desde el Poder Ejecutivo, o en realidad hay que establecer algún otro tipo de estrategia”.
No obstante, Canals planteó que la prioridad es evitar un nuevo conflicto judicial. “Yo apuesto a que se pueda resolver mucho antes la situación y que no tengamos que ir a una instancia de judicialización”, señaló, y consideró que el escenario actual también responde a posicionamientos políticos. “Algunos actores han planteado una mirada política”, indicó.
En esa línea, insistió en la necesidad de abrir canales de diálogo. “Uno va a apelar obviamente a dialogar con cada uno de sus actores para poder en cierta manera evitar cualquier tipo de judicialización”, afirmó, aunque reconoció que “no puedo garantizar de que también, si no lograran la insistencia, no pudieran judicializarlo igual”.
Finalmente, reafirmó que el Ejecutivo continuará adelante con la organización de los comicios. “Nosotros seguimos sosteniendo y vamos a trabajar en consecuencia”, concluyó, al ratificar que la elección de convencionales constituyentes se realizará según lo previsto.






