La ministra sostuvo que las leyes aprobadas por la Legislatura sobre subsidios al GLP y suspensión de cortes de servicios generaban “inequidad”, conflictos de competencia con Nación y comprometían la sostenibilidad económica del sistema energético provincial.
La ministra de Energía de Tierra del Fuego, Gabriela Castillo, defendió los vetos del Ejecutivo provincial a las leyes aprobadas por la Legislatura sobre el esquema de subsidios al GLP y la prohibición de cortes de servicios durante el invierno. En declaraciones a FM Ushuaia, argumentó que las normas afectaban la sustentabilidad del sistema y avanzaban sobre competencias federales.
Respecto del régimen de subsidios al gas licuado de petróleo, explicó que “el gobierno de la provincia ha reestructurado su decreto, ha subido el monto de ingreso familiar para tener el subsidio del GLP, ha clarificado cuestiones que tienen que ver con la zonificación” y además “ha incorporado la posibilidad de que a aquellas familias que están en extrema situación de vulnerabilidad social se les pueda considerar el incremento de los 50 kilos, de los 400 a los 450”.
Castillo sostuvo que el esquema vigente mantiene una fuerte asistencia estatal. “Aquellos que no tienen red de gas natural siguen siendo acompañados con 400 kilos, son $900 mil que el Estado Provincial está poniendo en esa familia en el subsidio del GLP”, afirmó. También indicó que se promueve la conexión domiciliaria a la red de gas mediante financiamiento del Banco de Tierra del Fuego: “Tenés 6 meses de gracia para empezar a pagar, hacés tu conexión, te estamos dando un acompañamiento”.
La funcionaria agregó que “el 72% del padrón de GLP de la provincia está siendo acompañado con la máxima cantidad de kilos”, y consideró que las modificaciones implementadas por el Ejecutivo contemplan los distintos niveles de vulnerabilidad social.
Sobre la ley que impedía cortes de servicios por deuda o mora, la ministra señaló que “es una norma que es ilegal” porque “trae un conflicto de incumbencias con facultades federales”. En ese sentido, explicó que “quien aprueba la tarifa del gas es la Secretaría de Energía de la Nación, el ENARGAS lo regula”, por lo que “no hay posibilidad que una ley o un decreto que promulga una ley le dé facultades a la provincia sobre algo que no es incumbencia de la provincia”.
También cuestionó que la iniciativa no diferenciara entre categorías de usuarios. “Es inequitativa, porque ¿a quién no le corta el gas? Al residencial. No hace diferencia en residenciales de viviendas sociales y residenciales tope de gama”, expresó.
En relación con los servicios de agua y electricidad, sostuvo que existen mecanismos de asistencia y regularización. “Las puertas de la DPE y de la DPOSS están abiertas para recibir a los vecinos que necesiten hacer una adecuación de sus deudas con una moratoria, con una adecuación en plan de pago para que no tengan interrupción del servicio”, aseguró.
Castillo vinculó además la decisión del veto con la situación energética provincial. “Tenemos Ushuaia, Tolhuin, Almanza y San Sebastián en emergencia energética en este momento declarada por decreto”, indicó, y remarcó que la provincia debe afrontar mayores costos para sostener el sistema. “La DPE está comprando 2 millones de litros de gasoil para poder garantizar junio y julio”, ejemplificó.
Finalmente, afirmó que “no queda otra que vetar la ley” porque las iniciativas presentaban “perjuicios de legalidad, de inequidad y otros que tienen que ver con la necesidad de poder garantizar el servicio con continuidad”.






