El Gobierno provincial presentó una acción de inconstitucionalidad contra la ley que anuló la convocatoria a la reforma de la Constitución. Solicitó que el Superior Tribunal suspenda sus efectos, restablezca la vigencia de la norma original y preserve todos los actos ya cumplidos dentro del procedimiento constituyente.
El Gobierno de Tierra del Fuego llevó finalmente al Superior Tribunal de Justicia el conflicto generado por la derogación legislativa de la convocatoria a la reforma constitucional. Mediante una acción de inconstitucionalidad cuestionó la validez de la Ley Provincial N.º 1626, al entender que esa norma vulnera principios esenciales del orden constitucional e interrumpe un procedimiento de reforma que, según sostiene, ya había sido legalmente puesto en marcha.
En la presentación judicial, el Ejecutivo afirma que la discusión trasciende el plano político vinculado con la oportunidad de modificar la Constitución provincial. A su entender, el caso reviste carácter institucional porque pone en debate los límites de las atribuciones de la Legislatura frente a un proceso constituyente que ya había comenzado a producir efectos jurídicos.
El planteo sostiene que la Ley Provincial N.º 1529, mediante la cual se convocó a la reforma constitucional, activó un procedimiento específico previsto por la Constitución que no podía ser dejado sin efecto mediante una ley ordinaria. En ese sentido, remarca que ya se habían dictado actos institucionales válidos y habían intervenido distintos órganos del Estado, circunstancias que impedían una interrupción unilateral del proceso.
Entre los fundamentos expuestos por la Fiscalía de Estado figura la supuesta vulneración del principio de supremacía constitucional. Según argumenta, permitir que una mayoría legislativa revierta un procedimiento constituyente ya iniciado implicaría habilitar a un poder constituido a modificar un mecanismo establecido por la propia Constitución para su eventual reforma.
El Gobierno también sostiene que la Ley N.º 1626 afecta el principio republicano de división de poderes. En su interpretación, el procedimiento de reforma adquiere autonomía institucional una vez iniciado y compromete la actuación de diversos órganos del Estado, además del ejercicio de derechos políticos por parte de la ciudadanía.
Otro de los argumentos centrales refiere al principio de seguridad jurídica. El Ejecutivo considera que la convocatoria produjo consecuencias institucionales que no podían desconocerse sin afectar la estabilidad del orden jurídico, ya que la derogación introduce incertidumbre sobre la validez de los actos desarrollados durante el proceso constituyente.
Asimismo, la demanda incorpora cuestionamientos vinculados con la protección de los derechos políticos. Según la Fiscalía de Estado, la interrupción del procedimiento limita el derecho de participación política reconocido por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales de derechos humanos al impedir la continuidad de un mecanismo previsto para reformar la Constitución fueguina.
En otro tramo de la presentación, el Gobierno advierte que validar judicialmente la Ley N.º 1626 implicaría convalidar el retroceso de un procedimiento constitucional ya habilitado. Por esa razón dejó formulada la reserva del caso federal para recurrir, en caso de una sentencia adversa, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Junto con la demanda principal, el Ejecutivo promovió una medida cautelar para que el Superior Tribunal suspenda de inmediato los efectos de la ley derogatoria hasta que exista una resolución definitiva, con el objetivo de preservar la situación jurídica existente al momento de iniciar la acción.
También solicitó que el máximo tribunal provincial acumule este expediente con otras causas relacionadas con la reforma constitucional o, en su defecto, adopte medidas de coordinación procesal que permitan una respuesta uniforme frente a las distintas controversias surgidas tras la derogación.
En el petitorio, el Gobierno requirió que el Superior Tribunal declare la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la Ley Provincial N.º 1626 por considerar que contradice disposiciones de la Constitución fueguina y vulnera principios como la supremacía constitucional, la división de poderes, la continuidad institucional, la seguridad jurídica y la protección de los derechos políticos.
Además de pedir la invalidez de la norma cuestionada, la demanda solicita que se declare la plena vigencia de la Ley Provincial N.º 1529 y de todos los actos estatales dictados a partir de ella. De prosperar el planteo, el Ejecutivo pretende que el proceso constituyente recupere continuidad jurídica sin necesidad de reiniciar el procedimiento y que pueda avanzarse con el correspondiente cronograma electoral.






