Un grupo de legisladores nacionales reclamó al Ministerio de Economía que cumpla con el destino legal de los recursos del impuesto a los combustibles asignados al sistema vial. El planteo suma peso en Tierra del Fuego, donde el deterioro de la Ruta 3, los cortes por obras, las lluvias y la falta de alternativas de circulación profundizan los riesgos para la seguridad, la producción y la conectividad provincial.
Un grupo de diputados nacionales presentó un reclamo formal ante el ministro de Economía, Luis Caputo, para exigir la normalización de las transferencias y la ejecución efectiva de los fondos del impuesto a los combustibles que, por ley, deben destinarse al sostenimiento de la infraestructura vial. En la nota, los legisladores advirtieron sobre la subejecución de esos recursos y vincularon esa situación con el deterioro de la red vial nacional, el aumento de los riesgos de circulación y el impacto sobre la competitividad, la integración territorial y la seguridad vial.
El planteo sostiene que no se trata de partidas de libre disponibilidad, sino de recursos con afectación específica. Según la presentación, la Ley 23.966 establece que una parte de lo recaudado por el impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono debe dirigirse al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, mientras que el Decreto 301/2018 dispuso que una porción de esos fondos debe asignarse al Sistema Vial Integrado, SISVIAL. Sobre esa base, los firmantes reclamaron el “estricto cumplimiento” del destino legal de los recursos y pidieron un informe detallado al Congreso sobre recaudación, transferencias, pagos, saldos remanentes y eventuales desvíos o aplicaciones financieras.
En la documentación incorporada al expediente, los diputados señalaron además que los informes oficiales de ARCA muestran la magnitud de la recaudación y contrastaron esos montos con una ejecución que, a su entender, quedó muy por debajo de lo que debía volcarse a obras viales. También advirtieron que parte de los fondos habría quedado inmovilizada en colocaciones financieras en lugar de destinarse a conservación, mantenimiento y mejora de rutas. A eso sumaron la necesidad de transparentar qué ocurrió con los recursos vinculados al fideicomiso PPP de autopistas y rutas seguras, disuelto por decreto.
Aunque el reclamo tiene alcance federal, en Tierra del Fuego la discusión adquiere una dimensión especialmente sensible. La provincia depende de manera crítica de la Ruta Nacional 3 como columna vertebral de la circulación interna y de la conexión terrestre con el resto del país. Esa centralidad fue remarcada en los últimos días por autoridades de Seguridad Vial, que advirtieron por el deterioro constante de distintos tramos y por la combinación de calzada dañada, intervenciones de mantenimiento y condiciones climáticas cambiantes.
Según publicó El Diario del Fin del Mundo, el responsable de Seguridad Vial, Sergio Gamarra, identificó como uno de los sectores más comprometidos al tramo de la Ruta 3 en la zona de frontera y San Sebastián, donde señaló que existe “un deterioro importante” que todavía no pudo ser reparado. También indicó que hay cortes temporarios para refaccionar rutas complementarias y mencionó como ejemplo que la ruta 119 estuvo interrumpida durante dos horas para reacomodar alcantarillado.
El mismo informe da cuenta de otro elemento clave para la realidad fueguina: las precipitaciones modifican de manera repentina el estado de los caminos y obligan a nuevas intervenciones, mientras que algunos arreglos realizados entre Tolhuin y Río Grande fueron sólo de carácter provisorio. Gamarra insistió en que, aun con esas tareas, persisten los riesgos y es necesario circular con extrema precaución, planificar los viajes y consultar previamente el estado de las rutas.
Ese cuadro tiene implicancias concretas para Tierra del Fuego. La provincia cuenta, en los hechos, con una sola vía troncal para el movimiento de carga, pasajeros y vehículos particulares, una situación que vuelve más grave cualquier deterioro, corte o restricción. Cuando esa ruta pierde condiciones de transitabilidad, no sólo se resiente la seguridad vial: también se encarece la logística, se afectan los tiempos de abastecimiento, se complica el traslado entre ciudades y se tensiona el funcionamiento de la actividad económica en un territorio insular donde la conectividad terrestre tiene un valor estratégico. Esta relación entre infraestructura vial, producción, comercio e integración territorial también fue subrayada por los diputados en su reclamo ante Economía.
En su presentación, los legisladores sostuvieron que el deterioro de la red no se traduce únicamente en mayores costos de transporte, demoras y pérdida de eficiencia, sino también en más exposición a siniestros, lesiones y muertes evitables.
El reclamo elevado a Caputo lleva las firmas de Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel, Guillermo Snopek, Kelly Olmos, Ernesto Alí, Juan Pablo Luque, Emir Félix, Moira Lanesan Sancho, Gustavo Bordet y Marianela Marclay, entre otros. Más allá del signo político de los firmantes, el planteo expone una discusión de fondo sobre el uso de recursos que tienen destino legal específico y sobre la capacidad del Estado nacional para sostener infraestructura básica.
Para Tierra del Fuego, el debate no es abstracto ni lejano. El estado de la Ruta 3 y de los caminos complementarios repercute de manera inmediata sobre la vida cotidiana, el transporte, la seguridad y la actividad productiva. Por eso, la exigencia de mayor ejecución, transparencia y prioridad para la inversión vial aparece cada vez menos como un reclamo sectorial y cada vez más como un tema central de la agenda pública provincial
