DESIGUALDAD. Familias de personas con discapacidad profundizan su reclamo ante la inacción estatal

Llevan años de peregrinación para que el gobierno provincial les otorgue la pensión RUPE que por Ley les corresponde. Pero sólo obtienen rechazo a las solicitudes, o simplemente incumplimiento. Juntan firmas para hacer oír su reclamo.

“Somos familias. Padres. Madres. Personas con discapacidad. Estamos cansados de que se vulneren los derechos de nuestros hijos e hijas. Que nos quiten derechos. No nos vamos a callar más. Nos juntamos para reclamar, colectivamente. Para que nos escuchen. Para tener políticas públicas reales e inclusivas. Sumate. Ayudanos a construir un mundo más justo”.

Así, con tan profunda y cruda apelación, hartos de no ser escuchados por un gobierno provincial que sistemáticamente les niega el derecho a una pensión que por Ley les corresponde, y sobre todo necesitan, los padres de chicos y chicas con discapacidad hicieron público su reclamo y organizaron una recolección digital de firmas para presentar ante las autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo, como extrema y desesperada medida para que alguien atienda su problemática.

Así lo explicó en Noticia de Tapa Radio la periodista riograndense Florencia Basso, mamá de un chico con discapacidad e incansable luchadora por los derechos que les corresponde, y que por falta de decisión política, los responsables de hacerlos cumplir no los cumplen. “Son muchos reclamos, muchas demandas” remarcó, cansada, Florencia. 

El principal obstáculo que se les impone es el no otorgamiento de las pensiones llamadas RUPE, Régimen Único de Pensiones Especiales, a muchas familias que hoy están sin esa ayuda fundamental, y que cuentan en su haber con varios rechazos de parte del área de Fiscalización Sanitaria -particularmente en Río Grande-. Algunas de esas familias han iniciado proceso judicial para resguardar sus derechos, dado que la vía administrativa está evidentemente agotada.

Agrupados en un grupo de Facebook, las familias necesitan hacer escuchar su injusta situación, y las muchas demandas que requieren: “Hay reclamos en relación a la educación, a la inserción laboral de las personas con discapacidad, legislaciones que no se cumplen, que quedan en letra muerta y que afectan la calidad de vida de este colectivo y de las familias” denunció.

Preguntada por las explicaciones que se les da ante el flagrante incumplimiento por parte del Estado provincial al no otorgar pensiones que por ley corresponde, Florencia apreció, a título personal, que “no está la decisión política de destinar fondos a las pensiones de personas con discapacidad, ni de crear políticas públicas para mejorarle la vida a estas personas, políticas transversales a todas los organismos e instituciones de una sociedad”. 

En clara voluntad de recorte de gastos, Basso explicó que el Estado provincial le retiró las pensiones a familias que las tenían otorgadas, por cumplir los 18 años: “Ahora están en otro proceso de reclamo. Es la burocratización de nuestra vida, nadie nos cuida, tenemos la sensación constante de desamparo, fundamentalmente porque no está la decisión política. Se invisibiliza a las personas con discapacidad en todo sentido”lamentó.

Ante esta situación de invisibilización, como explica, tomaron la decisión de producir un video para difundir en redes sociales, de manera de abrir un espacio para hacer escuchar las voces de las personas con discapacidad, como sujetos de derecho.

Sin embargo, “nadie se ha comunicado con nosotros. Sabemos que saben lo que estamos haciendo, pero no llaman. Eso habla de la decisión política”.

Según datos que maneja la comisión de discapacidad de la CTA, Central de Trabajadores Argentinos, hay alrededor de 200 pensiones que supuestamente están otorgadas y han cumplido con los requisitos, que esperan hace más de un año la partida presupuestaria: “Para ponerlo en términos simples, una familia hace todo el caminito administrativo y burocrático, previo a eso el certificado de discapacidad, presentación de un amparo… la respuesta del Ejecutivo es que nos dan la razón, pero no tienen la partida presupuestaria. Es de nunca acabar” agregó.

Así dadas las cosas, las familias en Tierra del Fuego amargamente sienten que “padecemos las barreras, los obstáculos, las instituciones que nos hacen la vida más difícil”.

Sienten que nadie se involucra. Apenas, dice Florencia, recibió dos llamados, de un asesor de la legisladora Vuoto y de una asesora del bloque de la UCR, “interiorizándose, con buena predisposición y voluntad de escuchar. Los invitamos a la reunión del 16 de julio con las familias que nos autoconvocamos, más de 50 en Río Grande, en Tolhuin y Ushuaia muchísimas más. Ojalá que vayan”.

Finalmente, Florencia Basso consideró indispensable la realización de un censo provincial para conocer la realidad de las personas con discapacidad: “No se pueden hacer políticas públicas sin saber quiénes somos quienes integramos este colectivo y luchamos por esta causa. No sabemos cuántas personas con discapacidad hay en Tierra de Fuego, qué hacen, si estudian, si trabajan, cómo viven”. Piensa que una alternativa por el estilo sería “una forma de poner sobre la mesa el tema. Ahí podríamos comenzar a tener un diagnóstico certero de lo que nos está pasando”.