La Municipalidad de Ushuaia presentó una denuncia por reiteradas irregularidades en una obra ubicada en calle Maipú, donde se habrían incumplido órdenes de paralización y normas de seguridad, generando riesgo para la comunidad.
La Municipalidad de Ushuaia formalizó una denuncia penal contra el director de obra Ramiro Ceballos Arenas y la firma Mateo Karelovic e Hijos S.R.L., acusados de desobedecer de manera reiterada disposiciones administrativas que ordenaban la paralización de trabajos en un predio céntrico de la ciudad.
Según consta en la presentación realizada por la Secretaría de Planificación e Inversión Pública, los hechos se registraron en una obra ubicada en calle Maipú al 700, donde se llevaron adelante tareas de demolición y ampliación sin contar con la debida autorización municipal. En este sentido, se señala que las irregularidades no solo persistieron en el tiempo, sino que además se ejecutaron pese a múltiples intimaciones oficiales.
Asimismo, el documento detalla que durante distintas inspecciones —realizadas entre enero y abril de 2026— se verificaron avances de obra sin permisos, incluyendo la ejecución de estructuras metálicas y techos, lo que motivó reiteradas actas de infracción y nuevas órdenes de paralización. Sin embargo, dichas disposiciones habrían sido sistemáticamente incumplidas, configurando un patrón de conducta que agravó la situación administrativa y legal.
En paralelo, desde el área de Obras Privadas se remarcó que cada una de las infracciones fue debidamente documentada y comunicada al Juzgado Administrativo de Faltas, lo que refuerza la trazabilidad de los incumplimientos. De este modo, la denuncia sostiene que existió una resistencia sostenida a la autoridad, elemento clave para la tipificación del delito.
Por otro lado, el informe advierte que la continuidad de los trabajos se dio en condiciones de riesgo, ya que se detectó la presencia de personal sin elementos de protección y la coexistencia de la obra con un expendio de combustible en el mismo predio, lo que incrementa el peligro para la comunidad.
Finalmente, la calificación jurídica encuadra los hechos como desobediencia a la autoridad, al considerar que las órdenes fueron legítimas, expresas y debidamente notificadas, pero igualmente incumplidas en varias oportunidades. En consecuencia, el Municipio solicitó a la Justicia que se investigue a los responsables y se garantice el cumplimiento de las normativas vigentes para resguardar la seguridad pública.
