El asesor Rolando Correa denunció que esta práctica realizada por Santiago Pauli vulnera los principios de transparencia y ética que deben regir en la actividad política y legislativa. Además, advirtió sobre las implicaciones legales que podría acarrear el uso indebido de fondos públicos para fines partidarios. La situación generó un amplio debate dentro del ámbito político, poniendo en tela de juicio la integridad del diputado Pauli y el cumplimiento de los valores que enuncia La Libertad Avanza.
En una extensa entrevista concedida a FM Ushuaia, Rolando Correa, asesor del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura provincial, reveló detalles de una conversación telefónica con el diputado nacional de ese espacio, Santiago Pauli, que expone un sistema de financiamiento partidario basado en la recuperación coercitiva de subsidios parlamentarios.
Correa, quien aún se desempeña en su cargo, afirmó que la comunicación, que luego fue grabada y se hizo pública, fue única y que posteriormente el diputado lo bloqueó. “Fue una sola comunicación telefónica, después el diputado Pauli me bloqueó”, aseguró, descartando que el audio fuera editado con inteligencia artificial. “Esto es tal cual salen los audios. Esto no es inteligencia artificial”, insistió.
El eje de la polémica reside en el subsidio de desarraigo, una partida que ronda los $500.000 mensuales. Según su relato, Pauli le exigió que ese monto fuera destinado al partido. “Se lo veníamos dando”, admitió Correa, aunque aclaró que en un momento se opuso. “Porque en un momento él nos pide el desarraigo y yo me opuse, obviamente. Y después, en junio de este año le digo ‘mirá, yo más de $200.000 pesos no te puedo pasar”.
El asesor explicó que los pagos se realizaban en efectivo directamente a Pauli o mediante transferencias a un tercero. “En dos oportunidades le pasé en mano a Pauli”, confirmó, y detalló que “en concepto de que el desarraigo supuestamente era para el partido”.

Para las transferencias, indicó que Pauli le asignó un receptor: “Un compañero de La Libertad Avanza, republicano… Martín”.Precisó que este individuo, a quien identificó como Martín Agüero, “estaba nombrado en el Congreso” y era quien centralizaba los aportes de varios asesores. “Tal cual”, afirmó cuando se le preguntó si Agüero recaudaba no solo de él, sino del resto de los asesores.
Correa fue categórico al afirmar que nunca existió un acuerdo voluntario previo a su designación. “No me dijeron nada. Después él miente en la llamada que dice que tuvo un acuerdo con los cuatro y es mentira. Ninguno de los cuatro, y yo fui el primero que me levanté, que me le opuse porque veía que eso no estaba bien”, relató.
La presión, según su testimonio, era constante. “Me escribía: ‘No te olvides de transferir el desarraigo’. Y yo en un par de oportunidades le mandé el comprobante a Pauli”, recordó.
Al ser consultado sobre si justifica una denuncia penal, respondió: “Yo creo que sí. Alguien de oficio tiene que actuar porque lo que hace Pauli es un delito”. En paralelo, la información se nacionalizó ayer por la tarde en medios como Página12, Ambito, entre otros.
Finalmente, Correa reflexionó sobre las razones que lo llevaron a hacer pública la situación, más allá del aspecto económico. “Se rompió la palabra, ellos no tienen palabra”, sostuvo, y amplió su crítica: “No puedo ver cómo mienten en la cara… aparte porque nos mintieron en la entrada, dijeron que no iban a tocar a los jubilados… y te mienten en la cara, me mienten en la cara a mí, les mienten a los que trabajaban conmigo, le mienten a la sociedad”. Confirmó que, al momento de la entrevista, continúa como asesor y no ha sido notificado de su baja, aunque anticipó que seguramente sucederá como consecuencia de sus declaraciones.






