El ex concejal de Río Grande y abogado Paulino Rossi presentó una acción judicial que cuestiona los fundamentos legales del decreto y la Ley 15511, con los cuales se convocó a elección de convencionales constituyentes para noviembre.
Paulino Rossi, ex concejal de Río Grande, planteó objeciones a la legalidad del decreto y de la Ley 15511, que habilitaron la convocatoria para la elección de convencionales constituyentes en la provincia de Tierra del Fuego. Una medida judicial anterior, presentada por el legislador Jorge Lechman, llevó al Superior Tribunal de Justicia a poner en pausa el proceso electoral previsto para noviembre, en espera de una resolución sobre su adecuación constitucional.
Rossi, por FM Master’s, destacó la valentía y la precisión jurídica de Lechman al señalar que su intervención marca un “punto de inflexión en la historia política de estos últimos tiempos”. Según el abogado, la presentación del legislador fue crucial para abrir la puerta a un análisis más profundo sobre las irregularidades que rodean el proceso de reforma. “Lo que intentamos hacer desde el estudio en el que trabajo de manera independiente, sin ningún tipo de ambición sectorial, fue aportar más elementos a la justicia para ir más a fondo sobre circunstancias que todo el mundo sabía, pero todos nos hacíamos los distraídos”, afirmó.
Uno de los aspectos más preocupantes señalados por Rossi es la violación del artículo 194 de la Constitución, que establece cuatro requisitos fundamentales para convocar a una Constituyente, de los cuales, según él, tres no se cumplieron. La rapidez y la falta de rigor en la elaboración de la ley que dio lugar a la convocatoria fueron calificadas por el abogado como un “mamarracho”, hecho por legisladores “de oferta” en un último momento.
La crítica no se detiene ahí. Rossi acusó al gobierno de haber manipulado las fechas del decreto de convocatoria a elecciones. Según él, el documento no fue firmado el día que se indica oficialmente, sino en una fecha posterior. “El gobernador, en medio de la crisis energética más grande de la historia de Tierra del Fuego, ellos creían que el viernes era la fecha límite y tuvieron el pequeño problema de un apagón de 16 horas, no había posibilidad de que lo firmen. Mágicamente aparece el martes en el Boletín Oficial un decreto supuestamente firmado el jueves cuando todo el mundo sabe que no es así”, denunció Rossi.
El abogado exigió una investigación que incluya la apertura a prueba y la intervención judicial para verificar la autenticidad de las fechas a través de pericias en los equipos informáticos del gobierno provincial.
Además, Rossi reveló otro elemento que, en su opinión, agrava la situación: la firma del decreto por parte de la ministra de Obras Públicas, lo cual considera una violación de la Ley 1511. Según esta ley, las competencias de cada ministro son claras y no flexibles, y la responsabilidad de firmar decretos de este tipo recae exclusivamente en el jefe de Gabinete, Agustín Tita.
En su análisis, Rossi sugirió que esta firma es un reflejo de la tensión política interna. Según el abogado, la cercanía con miembros de la Corte generó un entorno donde errores básicos, como el cálculo de días para la convocatoria, se pasan por alto.
El contexto político en Tierra del Fuego se ha visto marcado por la controversia en torno a esta convocatoria, y la acción de Paulino Rossi podría tener implicancias significativas en el desarrollo del proceso de reforma constitucional.
