El legislador advirtió que la ausencia de una estrategia común debilitó la posición provincial frente a la intervención del puerto, alertó por las consecuencias laborales y criticó el contexto político en el que se impulsan reformas.
En el marco del conflicto por el puerto de Ushuaia, el legislador Raúl Von der Thusen volvió a señalar falencias en el accionar institucional de la provincia y puso el foco en la falta de intervención temprana de la Fiscalía de Estado, a la que consideró clave en la defensa de los intereses fueguinos.
“El Fiscal de Estado debiera haber actuado de oficio. La Constitución y la ley establecen que tiene la responsabilidad de cuidar los intereses de la provincia no sólo por pedido de parte”, afirmó en FM Ushuaia, al sostener que el organismo tenía facultades para intervenir desde el inicio, independientemente de una convocatoria formal del Ejecutivo.
En esa línea, insistió en que la normativa vigente contempla esa posibilidad y que la falta de acción no puede justificarse por cuestiones administrativas. “Si el gobernador o la Dirección de Puertos no lo convocaban, la Fiscalía igual podía actuar de oficio”, señaló. Además, remarcó que la eventual excusación de su titular no impedía avanzar: “Hay un sistema de subrogancia dentro de la Fiscalía que permite que otros abogados intervengan”.
A partir de ese diagnóstico, Von der Thusen amplió su crítica al modo en que se abordó el conflicto en general. “Todos tienen el mismo objetivo, pero cada uno va por su lado, y eso es un error”, expresó, al cuestionar la falta de coordinación entre el Ejecutivo, la Dirección de Puertos, la propia Fiscalía y los trabajadores. “Desde el día uno se debería haber ido con una sola estrategia”, agregó.
Según explicó, actualmente conviven distintos frentes de acción que no logran articularse. Mientras el Gobierno provincial avanzó con una apelación ante la Corte Suprema, los trabajadores impulsan sus propios reclamos legales. “Cuando todos van por separado, aunque tengan los mismos fundamentos, eso es un error estratégico jurídico”, sostuvo, al advertir que esa fragmentación debilita la posición general.
El legislador también cuestionó el origen de la intervención nacional sobre el puerto y planteó objeciones de carácter constitucional. “No creo que esa agencia tenga facultades constitucionales para llevar adelante una intervención como la que se hizo”, afirmó, y consideró que una medida de ese tipo debía seguir otro procedimiento institucional. “Para intervenir un organismo provincial tiene que pasar por el Congreso, porque estamos hablando de una provincia autónoma” definió.
En ese sentido, indicó que ese es uno de los ejes del planteo judicial en curso: “El planteo que está en la Corte tiene que ver con que no se cumplieron las condiciones que exige la Constitución para una intervención”.
También cuestionó la forma en que se llevó adelante el operativo. “Fue una intervención de sorpresa, un 31 de enero a la noche, donde ingresó Prefectura, desalojaron y tomaron posesión”, relató. Y agregó: “No sé si es un delito, pero claramente es una situación inconstitucional”.
Por último, alertó sobre el impacto social del conflicto. “Hay más de 80 familias que dependen de la Dirección Provincial de Puertos y que han quedado fuera de toda esta estructura de trabajo”, señaló. Explicó además que los salarios actuales se sostienen con fondos previos: “Lo que tiene hoy la DPP es lo que ha recaudado todo este tiempo para atrás. Con eso se están pagando los salarios”. Sin embargo, advirtió: “Cuando esos recursos se acaben, no va a haber forma de poder hacer frente a los salarios de los trabajadores”. Y concluyó: “Estamos contra reloj para ver de qué manera se puede resolver”.






