Dr. en Derecho Antonio María Hernández

Constitucionalista afirma que la Legislatura no puede derogar la ley de reforma

May 6, 2026 | Política

El reconocido jurista sostuvo que el proceso constituyente ya está en marcha y no puede retrotraerse por decisión legislativa. Advirtió sobre la judicialización y vinculó la crisis institucional con el conflicto por el puerto de Ushuaia.

El constitucionalista Antonio María Hernández expuso en FM Ushuaia una postura tajante respecto de la controversia institucional en Tierra del Fuego por el intento de la Legislatura de dejar sin efecto la ley que declaró la necesidad de reforma constitucional y que habilitó la convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes previstas para el 9 de agosto. 

“No conozco en la Argentina que se haya producido un caso similar a este”, señaló con sorpresa al describir el escenario político y jurídico que atraviesa la provincia.

En su análisis, el especialista explicó el funcionamiento del sistema constituyente provincial y el rol de cada poder del Estado en ese proceso. “En los procesos constituyentes, la Argentina, en la mayoría de las provincias, tiene una facultad preconstituyente para declarar la necesidad de una reforma”, indicó, precisando que esa etapa ya fue cumplida en Tierra del Fuego con la sanción de la ley 1529. A partir de allí, recordó que se activó el mecanismo institucional previsto: “El Poder Ejecutivo en cumplimiento de la ley convoca a elección de convencionales constituyentes, los que representan al pueblo”.

Hernández remarcó que ese proceso ya fue incluso sometido a control judicial. “Esto originó después algunos cuestionamientos judiciales, finalmente intervino el Tribunal Superior de Justicia de Tierra del Fuego, avaló todo el procedimiento”, afirmó, subrayando que la legalidad del camino recorrido ya fue convalidada institucionalmente. 

En ese marco, consideró anómalo el intento legislativo de retrotraer lo actuado: “Es muy extraño, sin precedentes, esto de que la Legislatura ahora quiere paralizar el proyecto, dar marcha atrás”.

El constitucionalista fue claro al rechazar la posibilidad de que la norma pueda ser anulada en esta instancia. “Ya cumplió su acto, no existe un precedente así de que se haya vuelto para atrás. De tal manera, yo no tengo ninguna duda que tiene que continuar adelante el proceso”, sostuvo. 

Desde su perspectiva, el rol de la Legislatura se agotó con la declaración de necesidad de reforma. “Es una declaración institucional extraordinaria, con competencias especiales”, explicó.

Consultado sobre la validez jurídica del eventual intento de derogación, Hernández fue enfático al señalar que el proceso ya se encuentra en otra etapa institucional. “El proceso ya está en marcha”, remarcó, y agregó que cualquier intento de interrupción “seguramente será o puede ser judicializado”. En ese sentido, anticipó que el conflicto podría escalar hacia la Justicia provincial y eventualmente nacional.

Respecto del rol del Poder Ejecutivo, consideró que debe sostener el cronograma electoral vigente. “A mí me parece que así debe ser porque esa ley realmente no corresponde”, afirmó, insistiendo en la necesidad de preservar la continuidad del proceso constituyente tal como fue iniciado.

En otro tramo de la entrevista, el especialista vinculó la crisis institucional con el conflicto por el puerto de Ushuaia, al que calificó como un hecho de gravedad. “Realmente todo el interés debería estar puesto en la defensa de la autonomía de la provincia”, expresó, y cuestionó la intervención administrativa del puerto “nada menos que por una resolución de un director nacional hayan intervenido y después hayan desapoderado a la provincia del puerto de Ushuaia”.

Finalmente, Hernández advirtió sobre el impacto más amplio del escenario institucional. “Hay una débil cultura constitucional y de la legalidad”, sostuvo, y relacionó ese deterioro con consecuencias económicas y sociales. “Cuando uno no cuida las instituciones… el resultado va a ser el subdesarrollo, la falta de inversiones”, afirmó. 

Para el constitucionalista, la situación en Tierra del Fuego “revela un problema político muy serio” que exige, según dijo, “aferrarse a la Constitución y al diálogo político” como salida institucional.

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