La ministra de Energía explicó el esquema transitorio dispuesto para mantener operativos los yacimientos, preservar los puestos laborales y preparar una licitación pública que permita seleccionar al nuevo concesionario de las áreas hidrocarburíferas.
La finalización de las concesiones que explotaba la UTE integrada por Roch, SECRA, Crownpoint Energía y Desarrollos Petroleros y Ganaderos obligó a Tierra del Fuego a instrumentar un esquema excepcional para garantizar la continuidad de la producción hidrocarburífera. La provincia recibió las áreas y sus instalaciones, mientras Roch continuará temporalmente como operador durante el proceso destinado a seleccionar un nuevo concesionario.
La ministra de Energía de la provincia, Gabriela Castillo, explicó en FM Ushuaia que la situación difiere de lo ocurrido históricamente, cuando las áreas cambiaban de manos mediante cesiones y prórrogas. Esta vez, las cuatro empresas “no presentan un pedido de prórroga y se vencía la concesión”, correspondiente a Las Violetas, Angostura y Cullen, donde existen pozos de gas y petróleo y también infraestructura vinculada con la producción de GLP.
El escenario forma parte de un movimiento más amplio dentro de la actividad petrolera patagónica. Castillo describió que “la retirada de YPF parece un hormiguero pateado”, con empresas que ingresan y salen de distintos yacimientos. Por eso, consideró que “no es ajeno lo que nos pasó a lo que les pasó a otras provincias”, aunque en Tierra del Fuego la transición presenta características particulares por la necesidad de sostener la producción sin interrupciones.
Al concluir las concesiones, la provincia recibió las instalaciones fijas, desde baterías y cañerías hasta tanques y plantas de procesamiento. Sin embargo, esos activos resultaban insuficientes para garantizar la operación cotidiana. “Esto no te garantiza operación, porque al día siguiente decís, ¿con qué camionetas hago recorrer el campo? ¿Con qué gente? ¿Con qué insumos? ¿Con qué almacenes?”, planteó Castillo. La negociación permitió entonces incorporar otros elementos necesarios “por una suma de más de 4 millones de dólares” para mantener en funcionamiento los yacimientos.
El acuerdo también estableció las responsabilidades pendientes de la UTE. Las empresas indemnizarán a todos los trabajadores por la relación laboral desarrollada durante la concesión, pero la estructura jurídica continuará vigente para afrontar obligaciones ambientales y abandonar los pozos establecidos. Castillo precisó que deberá completar “el saneamiento de las situaciones ambientales adquiridas por la explotación durante los años que estuvieron”, una tarea para la cual siete trabajadores permanecerán afectados a la UTE.
La continuidad productiva constituyó uno de los puntos centrales de la negociación porque, según explicó la funcionaria, detener un pozo puede provocar consecuencias irreversibles. “Esto no se comporta así, no funcionan así los hidrocarburos”, señaló frente a la posibilidad de suspender temporalmente la actividad hasta encontrar otro operador. Como antecedente, recordó un pozo de Roch que era el de mayor producción del país y debió detenerse durante la pandemia: “El pozo se llenó de agua y no tuvo más producción. Y era el de mayor producción de la Argentina”.
Ante ese riesgo, Roch ofreció continuar con la operación durante un período transitorio. Castillo aclaró que la empresa no recibió una nueva concesión ni derechos sobre las áreas, porque “el nuevo concesionario tiene que salir producto de una licitación pública nacional”. Durante aproximadamente seis meses, mientras se desarrolla ese procedimiento, “opera por cuenta y orden de la provincia”, utilizando los bienes e insumos recibidos por el Estado.
La ministra reconoció el carácter extraordinario del mecanismo: “Obviamente es una figura excepcional, no es la moneda corriente, no es como se llevan adelante los hidrocarburos”, pero explicó que el Estado, como propietario del recurso y ante la ausencia de concesionario, decidió garantizar la continuidad de una actividad considerada de interés público.
El esquema permitió además sostener los puestos laborales vinculados directamente con la operación. De los trabajadores indemnizados por la UTE, siete continuarán destinados a tareas de remediación y “los otros 43 pasan a tener el ofrecimiento de Roch para poder trabajar en estos seis meses”. Castillo aseguró que productivamente no existió interrupción: “Nunca dejó de operar”, aunque actualmente se completa el traspaso administrativo necesario para las nuevas contrataciones.
La funcionaria destacó que alcanzar ese resultado requirió sucesivas negociaciones sobre aspectos laborales, ambientales, económicos, fiscales y tributarios. “Ha sido muy trabajoso”, afirmó, y remarcó que Tierra del Fuego asumió temporalmente responsabilidades diferentes a las habituales, porque “una provincia habitualmente se encarga de dar concesión y fiscalizar”.
El objetivo es que esa intervención sea limitada. El pliego de licitación ya fue preparado y actualmente se completa el Data Room con la información técnica destinada a las empresas interesadas. “Es una licitación pública abierta”, precisó Castillo, por lo que Roch podrá competir junto con otros operadores. Según anticipó, “en la primera quincena de septiembre estaríamos haciendo el llamado”, con una ventana estimada de dos meses para avanzar en el procedimiento.
Una vez adjudicadas las áreas, el Estado podrá regresar a su función habitual de fiscalización. Hasta entonces deberá controlar diariamente la operación, los gastos, las ventas y la utilización de recursos, dado que durante esta etapa no corresponde exigir inversiones de capital al operador transitorio. La ventaja de mantener a Roch, explicó Castillo, es que conoce los yacimientos y conserva contratos comerciales que permiten colocar la producción sin abrir una nueva negociación inmediata.
Parte del gas producido ingresa al sistema fueguino y otra se incorpora al Gasoducto San Martín, mientras el petróleo se vende a ENAP y se transporta hacia Chile. El GLP, en cambio, abastece a usuarios provinciales. Sobre este último recurso, Castillo señaló que existen proyectos para ampliar la capacidad local: “Podríamos tener la cantidad de gas de GLP que necesitamos”, aunque para ello deberán concretarse inversiones y adecuaciones tecnológicas.
Entre las alternativas analizadas aparece una modificación de la planta de estancia San Luis para procesar una mayor cantidad de gas enriquecido proveniente de Total. El objetivo, sostuvo, es aumentar la producción provincial y reducir la dependencia del suministro trasladado desde Bahía Blanca, especialmente durante el invierno, cuando las condiciones de las rutas pueden afectar la logística.
La nueva usina
Castillo también se refirió a la nueva central termoeléctrica de Ushuaia y confirmó que cuenta con factibilidad y compromiso de provisión de gas. Para abastecerla será necesario construir un gasoducto exclusivo desde la entrada de la ciudad hasta la usina, obra cuyo proyecto ejecutivo se encuentra próximo a ser presentado ante Camuzzi y cuya ejecución está prevista para comenzar durante el verano.
La primera etapa incorporará generación mediante ciclo combinado y alcanzará los 60 megavatios, con infraestructura complementaria proyectada para llegar eventualmente a 100. Castillo explicó que se trata de “algo distinto a lo que tenemos en la provincia”, con mayor rendimiento y menores emisiones, al aprovechar un ciclo de vapor de agua para incrementar la capacidad de generación eléctrica.






