El presidente de la Asociación de Colegios Privados saludó la decisión judicial que impone al Poder Ejecutivo provincial a liquidar el bono extraordinario a los docentes de escuelas públicas de gestión privada, excluidos inicialmente de tal iniciativa.
Carlos Alberto Cabral, presidente de la Asociación de Colegios Privados de Tierra del Fuego, expresó su satisfacción por la decisión judicial que obliga al Poder Ejecutivo provincial a «liquidar y pagar la asignación del decreto 2617» a los docentes de escuelas públicas de gestión privada, inicialmente excluidos de esta iniciativa.
La sentencia, emitida en respuesta a una acción judicial de amparo presentada por la asociación, condena al Ejecutivo provincial a realizar la liquidación y pago del bono correspondiente a los meses de septiembre y octubre en un plazo máximo de cinco días. Además, insta a que el pago de noviembre se realice simultáneamente con el de los docentes estatales.
Cabral, por radio Provincia, destacó la claridad de la sentencia y subrayó que el incumplimiento de la ley 749, por parte del Poder Ejecutivo Provincial, fue evidente. El juez argumentó que la exclusión del sector privado de la asignación era un «trato no igualitario, manifiestamente arbitrario e ilegal».
La respuesta del gobierno ante la demanda había argumentado que los docentes de gestión privada no eran considerados estatales, un punto que Cabral señaló como «no relevante para la controversia». Expresó que esperaban esta decisión y que ahora brinda «certidumbre y claridad a las instituciones educativas» de gestión privada.
El presidente de la Asociación de Colegios Privados señaló que, históricamente, el gobierno no ha cumplido con la ley en varios momentos, pero esta fue la primera vez que llevaron el caso a la Justicia. Cabral espera que este precedente marque un cambio en la actitud del gobierno en relación con el cumplimiento de la ley.
La acción judicial se basó en el decreto 2617 del 23 de octubre de 2023, que otorgaba una asignación extraordinaria solo al escalafón docente estatal. La ley 749 establece claramente los derechos y obligaciones relacionados con la educación privada, y el incumplimiento de los artículos 43 y 50 de esta ley fue el fundamento de la acción legal.
Cabral concluyó expresando la esperanza de que el Ejecutivo cumpla con la ley y evite futuras disputas legales. En cuanto a la negociación paritaria, manifestó su deseo de que no excluyan al escalafón docente del sector de educación privada. En caso contrario, advirtió que estarán dispuestos a recurrir a la Justicia «todas las veces que sea necesario» para garantizar el cumplimiento de la ley.
(Ph: FM Aire Libre)
