La provincia decidió no renovar el convenio de mantenimiento vial tras casi dos años sin recibir los pagos por los servicios ejecutados, trasladando la responsabilidad total al ente nacional.
La provincia de Tierra del Fuego cesa en el mantenimiento de 300 kilómetros de rutas nacionales a partir de este 1 de noviembre, debido al incumplimiento financiero por parte de Vialidad Nacional, que adeuda alrededor de 800 millones de pesos por trabajos ya certificados y ejecutados durante casi dos años. La decisión fue comunicada por la ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo, quien en FM Ushuaia detalló el cese del convenio interadministrativo.
“Vialidad Nacional tiene responsabilidad del mantenimiento sobre las rutas nacionales, la Ruta 3 más algunas rutas complementarias de ripio y la provincia sobre las rutas que son provinciales”, explicó Castillo.
La funcionaria precisó que el acuerdo, que finalizó el 31 de octubre de 2025, involucraba el mantenimiento regular de tramos de ripio. “Cada dos años se renueva, se planifica una cuestión de mantenimiento regular, que incluye pasar la máquina, el enripiado, la mejora de la calzada y agregar suelo si se va deteriorando, mantener limpias las alcantarillas en la ruta, arreglar los puentes cuando se deterioran, mantener la señalética”, detalló. Sin embargo, el organismo nacional incumplió sistemáticamente con las transferencias. “Desde diciembre del 2023 Vialidad Nacional no le pagó nunca más a Vialidad Provincial”, afirmó.
El monto adeudado, que asciende a aproximadamente 800 millones de pesos, es vital para la continuidad de los servicios. “Para Vialidad es un montón, porque con eso compra cuchillas, compra combustible, compra suelo, le hace servicio a las máquinas, compra cubiertas, mantiene para poder llevar adelante el servicio”, señaló la ministra.
Ante la falta de pago, la provincia realizó gestiones alternativas. “Le hicimos un ofrecimiento a Vialidad hace unos meses al responsable de Vialidad en el distrito, que si era posible que nos pagaran con máquinas, con alcantarillas, con cuchillas para poder seguir funcionando, oferta que no fue aceptada”, relató.
Agregó que, a pesar de los compromisos de pago asumidos por el ente nacional en septiembre y la semana pasada, los fondos no se materializaron. “Al no ingresar dinero, hemos tomado la decisión desde la gestión de que el 31 fue el último día de mantenimiento de estas rutas por parte de Vialidad provincial y no renovamos el contrato por el incumplimiento de las obligaciones que tenía la nación”, declaró.
Castillo enfatizó que la provincia honró el contrato hasta su vencimiento a pesar de no recibir los fondos. “En estos 22 meses que llevamos en esta situación, fue una decisión del gobernador que nosotros sí honrábamos la palabra y la obligación contractual, y hasta el último día de contrato hemos prestado el servicio, aun cuando no le han pagado a Vialidad Provincial por todo el trabajo que ha hecho durante todo el 2024 y los 10 meses completos que llevamos del 2025”, sostuvo.
La consecuencia directa es que la conectividad vial en esos tramos, crucial para productores rurales, la actividad petrolera y el turismo, queda ahora bajo la órbita exclusiva de Vialidad Nacional. “A partir de mañana (por el sábado) la conectividad vial será responsabilidad de Vialidad nacional por sus medios para llevar adelante este servicio”, concluyó.
Paralelamente, la ministra enumeró una serie de obras en ejecución. Se entregó el anexo 4 del servicio penitenciario en Ushuaia y se avanza en la refuncionalización de otros espacios en el mismo predio. Cuatro Centros de Desarrollo Infantil, en las 640 Viviendas, en Río Grande, en Tolhuin y otro en Ushuaia, se encuentran en etapas finales de finalización o a la espera de conexiones de gas.
En materia deportiva, se reinauguró el gimnasio Petrina y se preparan intervenciones en los gimnasios Giro y de las 640, mientras que en Río Grande se entregó el gimnasio de Chacra 4. Además, se licitó el acondicionamiento de un espacio de capacitación en la piscicultura del río Olivia y se ejecutan extensiones de red de gas para equiparar servicios en edificios públicos.






