La saturación de circuitos emblemáticos como Laguna Esmeralda encendió las alarmas por la seguridad y el daño ambiental. Un proyecto del legislador Lapadula propone crear un sistema de senderos oficiales y establecer un tributo específico abonado por el turismo para financiar el mantenimiento y la conservación.
El paisaje de montaña que rodea Ushuaia enfrenta una presión creciente. El incremento de visitantes que eligen el senderismo desbordó la capacidad de respuesta estatal, generando riesgos para las personas, deterioro del entorno e infraestructura obsoleta frente a la demanda.
El legislador Matías Lapadula detalló que la motivación surge de una realidad cotidiana. "Cada vez que uno recorre la ruta o habla con quienes hacen esta actividad aparece el caos y el peligro que representa la cantidad de gente que circula en estos senderos", afirmó en FM Ushuaia, subrayando que el fenómeno dejó de ser una excepción de temporada alta.
El análisis se enfoca en puntos críticos como Laguna Esmeralda y Laguna Turquesa, íconos del trekking que sufren las consecuencias del flujo masivo. "Se ve claramente la cantidad de gente que circula todos los días, pero además lo que te cuentan quienes van seguido: hay basura, hay desorden y no hay servicios", sostuvo.
Lapadula advirtió que el problema trasciende la responsabilidad individual. "Son recorridos de varias horas y no hay sanitarios ni infraestructura mínima, entonces por más cuidadoso que sea alguien, va a terminar dejando desechos", explicó, conectando la omisión en inversión pública con las huellas ambientales visibles.
La propuesta introduce una distinción fundamental. "La actividad recreativa tiene que seguir siendo libre para quienes vivimos acá, pero la actividad turística necesita regulación", planteó, argumentando que la envergadura económica del turismo exige un tratamiento normativo particular.
Un pilar de la iniciativa es la creación de senderos autorizados. "Hoy hay gente que se mete en cualquier lado, sin ningún tipo de control", advirtió. "Tiene que haber lugares donde se pueda ir y lugares donde no, y eso tiene que estar claramente definido", afirmó. En esa dirección, aclaró que "si alguien decide salir de los senderos habilitados, tiene que hacerlo bajo su responsabilidad", estableciendo un principio de autogestión del riesgo.
La ausencia de regulación también complejiza los rescates. "Cuando alguien se mete en lugares no habilitados después hay que ir a buscarlo", señaló, agregando que estas intervenciones consumen recursos públicos y exponen a peligros a los equipos de emergencia. "Eso tiene un costo y también pone en riesgo a quienes participan de esos operativos", sostuvo.
La problemática se traslada a las vías de acceso, con la Ruta 3 como punto neurálgico. "Hoy la gente estaciona en cualquier lado y eso genera un riesgo concreto en la Ruta 3", afirmó. "No hay estacionamientos ni accesos ordenados para la cantidad de gente que hoy circula", a continuación indicó.
La norma proyectada incluye una dimensión económica para la sustentabilidad del sistema. "Tiene lógica que estas obras se financien con la misma actividad turística", señaló, promoviendo un tributo específico. "Estamos hablando de una tasa accesible, por ejemplo de 10 dólares para el turista extranjero, destinada exclusivamente a mejorar los senderos, garantizar seguridad y cuidar el entorno", explicó.
Lapadula contrapuso esta visión con la operatoria comercial vigente. "Hoy hay agencias que comercializan estos senderos y cobran más de 100 dólares por persona", afirmó, destacando que ese lucro no se traduce en contribución para la conservación. "El Estado no recibe nada para sostener esos lugares", sostuvo.
Planteó un interrogante sobre el rol del turismo en las arcas provinciales. "El turismo es una actividad económica y tiene que generar recursos también para el Estado", expresó, notando una asimetría entre explotación comercial e inversión en mantenimiento.
La degradación ambiental es la consecuencia más palpable. "Cuando tenés 500 o 600 personas por día pasando por un mismo sendero, el daño es inevitable si no hay control", afirmó, alertando que la presión continuada podría generar un deterioro irreversible.
Lapadula apuntó contra la inacción estatal, pese a contar con instrumentos legales. "Esto se podría haber hecho con resoluciones o decretos, pero cuando vemos que no se hace y se posterga, es necesario avanzar con una ley", indicó, subrayando que la demora profundiza las dificultades.
En esa línea, criticó una deficiencia institucional recurrente. "Tenemos muchas leyes que se sancionan y no se reglamentan, y quedan en nada", afirmó
El proyecto pretende romper ese círculo vicioso con una norma de mayor rango: "La idea es tener una ley que obligue a actuar, que marque un camino y que obligue a las autoridades a dictar normas complementarias".
Además, vinculó esta situación con la desarticulación estatal. "Hay áreas que se superponen y no hay una articulación clara", señaló, atribuyendo parte de la falta de control a la descoordinación entre organismos competentes.
Aclaró que el texto no es una propuesta cerrada, sino el comienzo de un debate. "Yo no pretendo que el proyecto salga tal cual, sino que sirva para discutir, mejorar y construir la mejor herramienta posible", sostuvo, abriendo la puerta a consensos.
Insistió en que la iniciativa debe ser el puntapié para una política de mayor alcance. "Esto tiene que ser el inicio de una discusión más amplia para ordenar la actividad", afirmó, considerando que el trekking ya es un pilar de la oferta turística regional.
Finalmente, alertó sobre la urgencia de intervenir. "Es una actividad que crece cada vez más y si no la ordenamos, el impacto ambiental, los riesgos y el descontrol van a ser mayores", concluyó Matías Lapadula.






