El presidente de la Caja de Previsión Social explicó que la iniciativa crea un registro de historia laboral provincial, simplifica trámites, reduce plazos y promete mayor eficiencia sin modificar requisitos jubilatorios.
El presidente de la Caja de Previsión Social de Tierra del Fuego, Roberto Bogarín, analizó el alcance del nuevo proyecto de ley impulsado por el Gobierno provincial y sostuvo que la iniciativa introduce un cambio estructural en el sistema previsional, centrado en la digitalización y simplificación de los procesos administrativos.
“Este proyecto de ley genera un registro provincial de historia laboral manejado por la Caja de Previsión Social. Es una herramienta que permite simplificar administrativamente la gestión y los beneficios previsionales. Se genera como una base digital oficial, todo en el marco de un proceso de simplificación que inició ya el año pasado”, explicó Bogarín en FM Ushuaia.
En ese sentido, remarcó que la implementación de esta herramienta se inscribe en un proceso previo de modernización: “Ya venimos trabajando hace mucho tiempo con este sistema de historia laboral. Es un cambio de paradigma en la administración pública, genera un antes y un después, genera beneficios para muchos actores”.
Según detalló, el nuevo esquema permitirá avanzar hacia una gestión más ágil de los trámites jubilatorios: “La idea es que la historia laboral genere un cambio de paradigma en la administración pública y agilización de los trámites previsionales”.
Bogarín también aclaró que la propuesta no altera las condiciones de acceso a la jubilación: “Esto modifica algunos artículos de la ley previsional, pero hay que dejar bien claro que no realiza ninguna modificación paramétrica de los requisitos, solamente son obligaciones que tienen que hacer tanto los empleadores como los empleados al momento de generar un trámite previsional”.
En relación con los alcances, sostuvo que el impacto será amplio: “En sí, los beneficiarios van a ser todos, los trabajadores activos, los jubilados y pensionados actuales de la Caja, la Caja misma y el Estado Provincial”.
Además, precisó algunos de los efectos concretos del sistema: “Tiene varios objetivos la ley, que en el corto plazo van a generar movilidades automáticas, para los jubilados y pensionados, para la determinación del haber, una vez que se cargue la historia laboral de los últimos 10 años, se determina en forma automática cuando uno se jubila”. Y agregó una proyección a largo plazo: “En el largo plazo ya directamente para saber si se pueden jubilar o no”.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la integración de la información laboral de los distintos organismos públicos: “Podemos recopilar toda la información de todos los empleadores, de la administración pública, tanto financiera como no financiera, porque también está el BTF”.
En la misma línea, enfatizó el cambio en la validación de datos: “Ya podemos validar las certificaciones de servicios que generan los empleadores directamente de la Caja en base a esta herramienta. Por eso es tan importante llevarla a cabo”.
Respecto a los cuestionamientos sobre un posible aumento del gasto, Bogarín rechazó esa interpretación: “Se dice que se va a generar una estructura mayor en personal, un costo más a los empleadores de cargar información, algún otro gasto que no se está viendo en la misma ley. Pero todo lo contrario, todo esto lo que genera es economía para todos”. Y reforzó el concepto: “Genera economía, agilización, modernización”.
Consultado por los tiempos de tramitación, señaló que la expectativa es reducirlos de manera significativa: “Hoy llegamos hasta un cuello de botella que, dependiendo de las áreas, estamos generando más o menos tiempo, pero es algo que llega un momento donde no se van a poder bajar más los tiempos”.
En ese marco, vinculó la herramienta con la posibilidad de superar esas limitaciones: “Esta herramienta trata de salir a salvar ese defecto que hay hoy en la administración pública”.
Si bien evitó precisar plazos exactos, ofreció una estimación: “Seguramente en menos de 15 días una jubilación tendría que estar saliendo, una vez que todos los empleadores completen”.
Finalmente, destacó el acompañamiento político al proyecto: “En las últimas reuniones que tuvimos con los legisladores, ellos mismos ofrecieron su ayuda hacia la Caja para ver qué más podían hacer para ayudarnos”.






