Lo sostuvo el Defensor Federal, José Bongiovanni, al referirse al proyecto presentado por el Gobierno Nacional cuyo objetivo es que las personas puedan ser imputables por delitos cometidos a partir de los 13 años de edad. Consideró que la imputabilidad no puede reducirse a la cuestión de la edad y remarcó que “Argentina no tiene una capacidad de aplicar el derecho penal respecto de las personas mayores y no tiene una capacidad para aplicar el derecho penal respecto de las personas menores porque tiene una emergencia carcelaria desde hace años” y precisamente una de las cosas que plantea el proyecto es la disponibilidad de espacios distintos de confinamiento para los menores.
El Dr. José Bongiovanni, Defensor Federal, evaluó el proyecto de ley que el Ministerio de Seguridad de la Nación envió al Congreso para bajar la edad de imputabilidad a 13 años.
“La baja de imputabilidad responde a un reclamo social absolutamente valido que es qué pasa con la victima cuando sufre un delito cometido por un menor de edad”, indicó aunque advirtió que “esta ley no va a resolver este tema”. Consideró que “puede resolver alguna apetencia de venganza” pero no sirve de nada si no se cuenta con los espacios necesarios para hacerla cumplir.
El letrado consideró que “lo primero que hay que tener en cuenta es lo que establece la ley vigente respecto de la punibilidad de los menores de edad. La ley actual es del año 1980, donde todavía la mayoría de edad era de 21 años, además era un mundo muy diferente del actual. Lo que establece esta ley es que la edad de imputabilidad es a los 16 años, podés aplicar punibilidad penal a partir de los 16 años y prevé un régimen que es el que aplicamos ahora”.
Explicó que según la ley vigente, los menores no son punibles por todos los delitos ya que el delito tiene que tener una pena mayor a dos años y tampoco son punibles por delitos de acción privada. Aun cuando se declara la responsabilidad del menor es posible que la pena no se aplique. “Es todo un sistema penal juvenil que está orientado a ver si desde que interviene el derecho penal hasta el día que hay que imponer la pena, teniendo una asesoría tutelar, llega un momento en donde se dice bueno ahora es el juicio y el juez puede tomar una decisión de ver si es necesario aplicarle la pena a esa persona, sea cual sea ese delito, en base al tratamiento tutelar que se le hizo”, expuso en el programa ¨Turno Tarde¨.
“Otro requisito para que a un delito cometido por un menor de edad se le aplique la pena es que la persona haya tenido este tratamiento tutelar y, además, que ya haya cumplido los 18 años. En el caso de que aun así se decida aplicar una pena se le puede aplicar una escala diferenciada que es la escala de la tentativa que reduce significativamente la pena”, mencionó.
Señaló que “ley nueva lo que viene a cambiar es que la punibilidad sería a partir de los 13 años y si la persona es responsable penalmente se le va a aplicar la pena”.
“En principio no estoy de acuerdo porque el asunto no puede resumirse a la cuestión de la edad de imputabilidad. Las personas que somos especialista en derecho penal sabemos perfectamente que la aplicación del derecho penal es inconveniente en todos los órdenes. Argentina no tiene una capacidad de aplicar el derecho penal respecto de las personas mayores y no tiene una capacidad para aplicar el derecho penal respecto de las personas menores porque tiene una emergencia carcelaria desde hace años, las cárceles son un desastre. Si ampliás la edad de imputabilidad ampliás clientes del sistema carcelario también”, argumentó.
“Pero el problema que tiene esta ley además es que si vos me decís el derecho penal cuando interviene lo soluciona todo, lo social, que la persona no vuelva a cometer un delito, yo estoy de acuerdo que lo apliquen de los tres años porque soluciona todo. SI yo sé que el derecho penal no soluciona para qué lo voy a empezar a aplicar antes”, se preguntó.
Por otra parte, evidenció que “esta ley es de una implementación muy cara, además, que recae sobre los gobiernos provinciales porque los delitos no son solamente federales, son mayormente ordinarios”. En este sentido, apuntó a que “para aplicar esta ley necesitás lugares de detención distintos para menores que para adultos, porque la pena se empieza a cumplir desde que son menores, en cambio en la ley actual se empieza a cumplir siempre y cuando tenga dieciocho años entonces puede ir a un establecimiento de adultos”.
“Hoy no tenés lugares para detener gente mayor de edad. Esa es la realidad absoluta de la Argentina. Hay personas que están condenadas con arresto domiciliario desde hace más de un año porque no hay lugar en la cárcel. Entonces de qué forma vamos a abarcar a esta franja etaria que es la más vulnerable del país. Además está el criterio de criminalización que hay que las cárceles están llenas de pobres. El delito es de alguna manera consecuencia de sistemas de producción, de sistemas de pobreza, de la eternización de las desigualdades”, analizó y opinó que “esta ley tiene costo, un costo grandísimo”.
