Tras la jornada de protesta nacional, el gremio volvió a reclamar recomposición de haberes y mejoras en la infraestructura escolar. Además, cuestionó que el Ejecutivo provincial mantenga las negociaciones exclusivamente con SUTEF.
La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) aseguró que el paro nacional docente tuvo en Tierra del Fuego una adhesión cercana al 70% y reafirmó sus reclamos por la situación salarial y las condiciones edilicias de los establecimientos educativos. La organización sostuvo que la medida de fuerza combinó demandas nacionales relacionadas con el financiamiento educativo con planteos específicos de la provincia.
El secretario general de AMET, Juan Carrizo, explicó en FM Ushuaia que la protesta fue resuelta por el Congreso de Secretarios Generales del sindicato y que, en el ámbito provincial, se sumaron reclamos propios del sector. "Habíamos convocado a adherirnos al paro nacional docente que surgió del Congreso de Secretarios Generales de AMET. La medida fue por 24 horas en reclamo por la quita del FONID, de distintos programas nacionales y por el financiamiento de la educación pública y técnica. A nivel local también reclamamos la recomposición salarial y mejores condiciones para el inicio de las clases en las escuelas", sostuvo.
El dirigente consideró que el porcentaje de adhesión reflejó el malestar que persiste entre los trabajadores de la educación, aun después de los descuentos salariales aplicados durante los conflictos registrados en la primera parte del año. "Según el relevamiento que hicimos, el acatamiento fue cercano al 70%. Si bien el docente viene golpeado por los descuentos y por distintas medidas que se tomaron durante la primera parte del año, ese nivel de adhesión demuestra que existe un gran descontento en el sector docente", afirmó.
Carrizo también cuestionó que el Gobierno provincial continúe convocando únicamente a SUTEF para las instancias de negociación. "Es una práctica que se viene repitiendo durante la gestión de Gustavo Melella. Se decidió acordar con una sola organización sindical y dejar afuera al resto de los gremios que representamos a los docentes. Nosotros vamos a seguir marcando las diferencias cuando las propuestas no satisfagan al sector y señalando las coherencias o incoherencias de los acuerdos que se alcancen", expresó.
En relación con la declaración de la educación como servicio esencial, el referente sindical sostuvo que el derecho constitucional de huelga prevalece sobre esa normativa y cuestionó el rol asumido por el Gobierno nacional. "Por encima de una ley impulsada por un gobierno que ha avasallado la educación pública, existen derechos constitucionales que garantizan la posibilidad de realizar paros y asambleas sin restricciones. Nación pretende actuar como controlador de las medidas de fuerza, pero al mismo tiempo se desentiende de su obligación de financiar adecuadamente el sistema educativo, que hoy tiene salarios por debajo de la línea de pobreza y edificios escolares en estado calamitoso", manifestó.
Además, remarcó que la responsabilidad de garantizar el funcionamiento de los establecimientos durante una medida de fuerza corresponde al Estado y no a las organizaciones sindicales. "Las organizaciones sindicales convocamos y notificamos las medidas de fuerza, pero no decidimos qué docente trabaja y cuál adhiere al paro. Quienes deben organizar el funcionamiento de las instituciones y hacer cumplir la normativa son el Ministerio de Educación y el Gobierno provincial. Esa responsabilidad no puede trasladarse a los sindicatos", indicó.
Finalmente, Carrizo volvió a cuestionar la exclusión de AMET de las reuniones con el Ejecutivo y consideró que esa situación responde a una decisión política. "La ley se refiere a las negociaciones paritarias, pero podríamos participar de cualquier otra instancia de diálogo. La decisión de convocar únicamente a otra organización es política. Aun así, cada vez más docentes se acercan a AMET porque están disconformes con la representación y con lo que hoy se negocia", concluyó.






