A pesar de las sanciones impuestas a varios funcionarios provinciales por los obstáculos que imponen al acceso a la información el IPVyH demora más de 4 meses en publicar en el boletín oficial los actos administrativos del organismo.
En la edición del lunes 17 de enero del 2022 (B.O. Nro. 5033) el organismo presidido por la Arq. Leticia Hernández publicó más de 50 resoluciones fechadas entre el 3 y el 7 de septiembre del 2021. De esta forma el organismo demora más de 120 días en cumplir con el mandato constitucional de publicar los actos administrativos generando una situación legal confusa y atentando contra la transparencia en los actos de gobierno.
Derogando resoluciones que derogaban otras resoluciones
Parece un juego de palabras, pero es lo que está sucediendo en el IPVyH, entre las resoluciones de presidencia publicadas el lunes 17 de enero del 2022 se encuentra la Nro 1571, 1572 y 1573/21 todas registradas del 3 de septiembre del 2021.
Mediante las mismas resolución se derogan las resoluciones 1335, 1333 y 1336/21 correspondientes a los llamados a licitación pública para la construcción de: 41 viviendas en la localidad de Tolhuin y 204 viviendas en la ciudad de Río Grande (licitaciones 11/21, 8/21 y 9/21 respectivamente) todas ellas en el marco del programa «Casa Propia».
De acuerdo a los considerandos, la decisión de dejar sin efecto el llamado a licitación se sustenta en informes de las áreas técnicas y del servicio jurídico del organismo sin aportar mayores detalles.
Llamativamente, el mismo 3 de septiembre la Presidenta Leticia Hernández emitió las resoluciones 1574, 1575 y 1576/21 mediante las cuales deroga las resoluciones 1571, 1572 y 1573/21. De esta forma, y de acuerdo a la interpretación del servicio jurídico del IPV, derogar una norma que deroga a otra revive a la primer norma derogada.
Al no publicar el IPV los informes técnicos resulta imposible de conocer los verdaderos fundamentos que llevaron a la Arq. Hernández a dar de baja llamados a licitación para la construcción de 245 viviendas, y luego de unas horas dejar sin efecto estas cancelaciones.
De acuerdo a los considerandos de las mismas el cambio de opinión de la Presidenta del IPVyH se basa en «oportunidad de mérito y conveniencia» aclarando que ha tomado debida intervención el servicio jurídico sin que haya objeciones legales que formular.
La demora en las publicaciones es tan grande que un mes antes el organismo ya había pre adjudicado la licitación 8/21 a la empresa Ingeniero Lisardo V Canga S.A. el renglón 1 por $ 74 millones, el renglón 2 a Bestand S.A: por $ 270 millones, el renglón 3 a Wallner Daniel Antonio por $ 272 millones y el renglón 4 a JLC Constructora S.A. por $ 270 millones.
