Conflicto institucional

El Gobierno provincial endurece su postura ante la intervención del puerto

Nov 20, 2026 | Política

El jefe de Gabinete provincial advirtió que la prórroga indefinida de la intervención del puerto de Ushuaia revela contradicciones dentro del Gobierno nacional, denunció irregularidades administrativas y anticipó nuevas acciones judiciales para recuperar su control.

La decisión de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) de prorrogar por tiempo indeterminado la intervención del puerto de Ushuaia provocó una nueva reacción del Gobierno de Tierra del Fuego, que considera la medida un avance sobre la autonomía provincial y advierte sobre la existencia de sectores del Ejecutivo nacional que actúan sin coordinación con otras áreas de la administración.

El jefe de Gabinete provincial, Jorge Canals, explicó en FM Ushuaia que la resolución sorprendió especialmente porque, apenas dos días antes, había mantenido conversaciones con funcionarios del Ministerio del Interior y la Jefatura de Gabinete nacional para encontrar una salida institucional al conflicto.

Según relató, esos contactos buscaban establecer mecanismos de negociación que permitieran superar la intervención. Sin embargo, consideró que la decisión de ANPyN expuso diferencias dentro del propio oficialismo: “Lamentablemente a algún sector del propio Gobierno Nacional no le interesan estas cuestiones y le interesarán otras”, sostuvo, al interpretar la prórroga como una ruptura de las conversaciones iniciadas.

La hipótesis de una disputa interna aparece como una de las principales explicaciones políticas que maneja el Ejecutivo fueguino. Canals señaló que “uno visualiza que hay una doble mirada dentro del propio Gobierno Nacional, que es propia de una interna”, y vinculó esa situación con el comportamiento de las autoridades portuarias.

Para el funcionario, quienes conducen la intervención responderían a un sector específico de la administración nacional, mientras otras dependencias mantienen disposición al diálogo. Esa falta de articulación, según su interpretación, termina perjudicando directamente a Tierra del Fuego.

Pese al nuevo escenario, aseguró que continuarán las gestiones políticas. Incluso confirmó que el gobernador Gustavo Melella conversó con el jefe de Gabinete de la Nación para solicitar una revisión de las decisiones adoptadas y procurar una solución.

La evaluación provincial también comprende los resultados de casi diez meses de intervención. Canals rechazó los argumentos de seguridad utilizados originalmente para justificarla y aseguró que no se concretaron obras que permitan demostrar mejoras en las instalaciones.

Sobre el anuncio de inversiones proyectadas hasta 2028, manifestó sus reservas: “N es claro, porque es un plan que es un bosquejo, no es un plan”, y señaló la ausencia de precisiones presupuestarias y procedimientos de contratación.

Las objeciones alcanzan especialmente al manejo de los recursos. El funcionario denunció que los ingresos portuarios dejaron de ingresar a la administración provincial sin que exista información suficiente sobre su destino.

También formuló acusaciones sobre las contrataciones realizadas durante la intervención, particularmente en materia de vigilancia. Según afirmó, se estaría pagando por ese servicio “3 o 4 veces más de lo que se pagaba”, circunstancia que incorporó a sus críticas sobre la administración nacional.

Controles impedidos y nuevas acciones judiciales

Otro aspecto central de la posición oficial es la negativa de las autoridades interventoras a permitir inspecciones provinciales en materia ambiental y laboral. Para Canals, esa conducta representa una situación institucional inadmisible porque pretende sustraer las instalaciones portuarias de controles habituales.

Al explicar el origen de las actuaciones laborales, recordó que existen denuncias sobre las condiciones de trabajo dentro del establecimiento. En ese contexto, sostuvo que “esta intervención lo que quiere es que nadie la controle”, y comparó su comportamiento con el de una administración que pretende disponer de facultades excepcionales.

El jefe de Gabinete insistió en que los organismos provinciales no están realizando procedimientos extraordinarios, sino verificaciones comprendidas dentro de sus atribuciones legales. Por eso anticipó que, ante nuevas negativas, se avanzará con las presentaciones correspondientes.

La posibilidad de adoptar medidas más severas, incluida una eventual clausura, dependerá de las evaluaciones del Ministerio de Trabajo. Entretanto, ratificó que “no se va a renunciar por lo menos a la potestad que tiene el Ejecutivo de poder hacer los controles que corresponden”.

En el terreno judicial, confirmó que la Provincia solicitó pronto despacho ante la Corte Suprema por el amparo presentado contra la intervención y analiza nuevas acciones relacionadas con su ampliación. Entre las preocupaciones aparece la incorporación de los sectores 3 y 5, que, según explicó, pertenecen directamente al Gobierno provincial y no a la Dirección Provincial de Puertos.

Canals también reclamó mayor participación de representantes legislativos nacionales y sectores empresariales vinculados con la actividad portuaria. Advirtió que la continuidad del conflicto compromete recursos provinciales y mantiene a aproximadamente cien trabajadores apartados de sus puestos habituales.

Finalmente, reconoció dificultades del propio Gobierno para construir una respuesta institucional más amplia. En ese sentido, Jorge Canals admitió: “Seguramente hemos fallado en no poder lograr en cierta manera aunar o que todos se sientan parte de la necesidad de la defensa de la autonomía de la provincia de Tierra del Fuego”, aunque ratificó la continuidad de las gestiones políticas y judiciales para recuperar la administración portuaria.

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