El Sindicato Unido de Trabajadores de la Administración Portuaria (SUTAP) en Tierra del Fuego difundió una solicitada al conocerse la decisión del Gobierno nacional de prorrogar sin fecha de finalización la intervención federal al Puerto de Ushuaia.
En el texto, consideran la medida como “un nuevo atropello contra la autonomía, el patrimonio y los intereses de Tierra del Fuego”.
Apuntaron como responsables políticos de Tierra del fuego a las autoridades electas de la Libertad Avanza. “Los senadores nacionales Agustín Coto y Belén Monte de Oca, los diputados nacionales Santiago Pauli y Miguel Rodríguez y los legisladores provinciales Luciano Selzer y Natalia Gracianía deben asumir su responsabilidad política frente al avance del Gobierno que representan sobre uno de los principales recursos estratégicos de Tierra del Fuego”.
El texto completo es el siguiente:
SOLICITADA | En defensa del patrimonio y la autonomía de Tierra del Fuego
EL PUERTO ES FUEGUINO. LA LIBERTAD AVANZA ES RESPONSABLE DEL ROBO
La decisión del Gobierno nacional de extender por tiempo indeterminado la intervención federal del Puerto de Ushuaia constituye un nuevo atropello contra la autonomía, el patrimonio y los intereses de Tierra del Fuego. Pero esta decisión no tiene únicamente responsables en Buenos Aires. También tiene responsables políticos en nuestra provincia, con nombres, apellidos y cargos públicos: las autoridades electas de La Libertad Avanza.
Los senadores nacionales Agustín Coto y Belén Monte de Oca, los diputados nacionales Santiago Pauli y Miguel Rodríguez y los legisladores provinciales Luciano Selzer y Natalia Gracianía deben asumir su responsabilidad política frente al avance del Gobierno que representan sobre uno de los principales recursos estratégicos de Tierra del Fuego.
No pueden presentarse como simples espectadores de una decisión adoptada por su propio espacio político. No pueden invocar obediencia partidaria para justificar su falta de una respuesta contundente. Y mucho menos pueden pretender que los fueguinos aceptemos con resignación que la Nación se apropie indefinidamente de la administración de nuestro puerto.
Mediante la Resolución 69/2026, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) resolvió prolongar la intervención hasta que se cumpla un plan de obras cuya ejecución depende de los propios interventores. No estableció una fecha cierta de devolución ni un plazo concreto para restituir la administración a la provincia.
Es decir, el Gobierno nacional decidió que seguirá administrando el puerto hasta que sus propios funcionarios consideren que existen condiciones para retirarse. Una intervención que debía ser excepcional se transforma así en una ocupación territorial y administrativa de duración incierta.
Y mientras esto ocurre, los representantes fueguinos de La Libertad Avanza no han ofrecido una respuesta política a la altura de semejante atropello.
Coto, Monte de Oca, Pauli, Rodríguez, Selzer y Gracianía son políticamente responsables de su inacción frente a esta decisión. Su pertenencia al oficialismo nacional no los exime de defender a Tierra del Fuego. Por el contrario, les impone una responsabilidad todavía mayor: utilizar su representación institucional y sus vínculos políticos para impedir que el Gobierno al que pertenecen continúe avanzando sobre los derechos provinciales.
No alcanza con decir que las decisiones se toman en Buenos Aires. Precisamente para eso existen los representantes electos: para defender los intereses de quienes los votaron, incluso cuando hacerlo implique enfrentar a sus propios dirigentes nacionales.
¿Van a defender a Tierra del Fuego o van a seguir defendiendo las decisiones de Javier Milei? ¿Representan a los fueguinos o actúan como representantes del Gobierno nacional en la provincia?
Son preguntas que merecen respuestas públicas, concretas e inmediatas.
El Puerto de Ushuaia fue transferido a la provincia en 1992. Es una infraestructura estratégica para el comercio, el turismo, la actividad antártica y el desarrollo económico fueguino. Su administración no puede quedar indefinidamente sometida a la voluntad de funcionarios designados desde Buenos Aires.
Además, la intervención se encuentra atravesada por cuestionamientos sobre el manejo de los fondos portuarios, reclamos judiciales de acceso a la información pública y denuncias relacionadas con su funcionamiento. Lejos de ofrecer mayores garantías de transparencia, el Gobierno nacional decidió prolongar su permanencia sin establecer una fecha de finalización.
Resulta políticamente inadmisible que quienes fueron elegidos para representar a Tierra del Fuego no encabecen un reclamo firme para recuperar el control provincial del puerto.
La responsabilidad política no se limita a quienes firman una resolución. También alcanza a quienes, teniendo representación popular y capacidad de intervención institucional, no adoptan medidas públicas proporcionales a la gravedad de lo que está ocurriendo.
Por eso, señalamos directamente a las autoridades electas de La Libertad Avanza en Tierra del Fuego como responsables políticos de la falta de una defensa efectiva del patrimonio provincial frente a las decisiones de su propio Gobierno.
No pueden eludir esa responsabilidad. No pueden esconderse detrás de argumentos técnicos. No pueden reclamar el voto de los fueguinos para después subordinar los intereses de la provincia a las conveniencias de su partido.
La lealtad a Javier Milei no puede estar por encima de la lealtad a Tierra del Fuego.
Exigimos que los seis representantes se pronuncien públicamente contra la prolongación indefinida de la intervención, reclamen la inmediata presentación de una rendición completa de los fondos administrados, impulsen los mecanismos institucionales correspondientes y exijan un cronograma cierto para la restitución del puerto a la provincia.
El silencio ya no puede interpretarse como prudencia. La falta de respuestas no puede justificarse como disciplina partidaria. Y la ausencia de una defensa efectiva de los intereses fueguinos debe tener consecuencias políticas.
Tierra del Fuego no necesita representantes que expliquen las decisiones de Buenos Aires. Necesita representantes que defiendan a Tierra del Fuego frente a Buenos Aires.
La historia recordará a quienes defendieron el patrimonio provincial. Pero también recordará a quienes, mientras se consumaba este despojo administrativo, eligieron no enfrentarse al poder político que lo dispuso.
El Puerto de Ushuaia no pertenece a La Libertad Avanza. No pertenece a Javier Milei. No pertenece a la ANPYN ni a sus interventores.
EL PUERTO ES DE TIERRA DEL FUEGO.
Y COTO, MONTE DE OCA, PAULI, RODRÍGUEZ, SELZER Y GRACIANÍA DEBEN RESPONDER POLÍTICAMENTE POR SU FALTA DE UNA DEFENSA EFECTIVA DE LOS INTERESES DE LA PROVINCIA.
Porque cuando se trata de defender el patrimonio de Tierra del Fuego, la obediencia partidaria no es una excusa. Es una elección política. Y cada representante deberá hacerse cargo de ella.
Frimantes. Almada Daniela Secretaria General SUTAP TDF/Ross Nancy, Secretaria Adjunta, SUTAP TDF/Bahamondez Jorge, Secretario Administrativo, SUTAP TDF






