La Legislatura estableció un incremento progresivo de los recursos destinados al sistema educativo durante los próximos cinco años. La norma incorpora mecanismos de seguimiento presupuestario, objetivos de mejora institucional y nuevas fuentes de financiamiento provincial.
La Legislatura de Tierra del Fuego sancionó una ley que establece un compromiso de inversión educativa equivalente al 7,8% del Producto Bruto Geográfico (PBG), objetivo que deberá alcanzarse progresivamente durante cinco años y mantenerse en adelante. La aprobación llegó después de más de dos años de discusiones, cinco propuestas legislativas y en una provincia donde la emergencia educativa permanece vigente desde 2015.
La votación terminó empatada, con siete legisladores a favor y siete en contra. La definición quedó en manos de Victoria Vuoto, vicepresidenta primera de la Cámara, quien ejercía la presidencia ante la ausencia de Mónica Urquiza, circunstancialmente a cargo del Poder Ejecutivo, y utilizó su voto de desempate para convertir el proyecto en ley.
En FM Ushuaia, la legisladora justicialista reconoció haber atravesado la sesión con “mucha emoción” y consideró que las diferencias políticas desplazaron parcialmente el sentido de la discusión. Según interpretó, algunos sectores plantearon el tratamiento como “una disputa contra Gustavo Melella, o una disputa contra Horacio Catena”, titular del SUTEF, cuando el alcance de la iniciativa comprende a docentes, trabajadores no docentes, estudiantes y al conjunto de las instituciones educativas.
Uno de los principales cambios introducidos por la norma es la obligación de incrementar gradualmente las partidas destinadas a educación mediante recursos ordinarios del presupuesto provincial. Una vez alcanzado el porcentaje previsto, ninguna administración podrá reducirlo. “Quiere decir que ningún gobierno va a poder invertir por debajo de eso”, explicó Vuoto, quien relacionó ese compromiso con mejores edificios escolares, remuneraciones adecuadas y acceso a nuevas tecnologías.
La legislación contempla además la elaboración de un plan integral de mejora educativa, cuya definición deberá incorporar consultas a estudiantes, docentes y otros integrantes de la comunidad. Entre las transformaciones que la legisladora considera necesarias mencionó la ampliación de la jornada escolar y una revisión de la enseñanza técnica, orientada a las necesidades productivas fueguinas.
A estas disposiciones se agrega la creación de un observatorio encargado de supervisar la utilización de los recursos públicos y analizar los resultados de las inversiones realizadas, con el propósito de establecer mecanismos permanentes de evaluación.
Respecto del financiamiento específico, Vuoto señaló que la Provincia pretende compensar la eliminación de programas nacionales dispuesta por la administración de Javier Milei. Entre ellos mencionó el Fondo Nacional de Incentivo Docente, cuya reducción estimó en un 98,6%.
El esquema tributario aprobado establece que el Banco de Tierra del Fuego abonará una alícuota del 3% de Ingresos Brutos, mientras que las entidades bancarias privadas tributan el 9%. También elimina la exención que beneficiaba a la actividad de distribución de gas natural.
Sobre este último punto, la legisladora explicó que se incorporó una cláusula destinada a impedir que la carga impositiva termine trasladándose a los consumidores. Si Camuzzi solicita un incremento tarifario ante el organismo regulador nacional, “ese inciso queda sin efecto” y la Legislatura tendrá que buscar una alternativa para obtener los fondos. “Nuestra intención no es que se lo recarguen al usuario, es que se haga cargo la empresa”, precisó.
Vuoto también expresó sus diferencias con los bloques opositores que rechazaron el proyecto, especialmente con La Libertad Avanza, al considerar que la nueva legislación incorpora instrumentos de fiscalización presupuestaria reclamados por esos mismos sectores. En ese contexto, señaló que el presupuesto nacional previsto para el próximo año contempla una inversión educativa del 0,79% del PBI, que calificó como la menor desde el retorno democrático.
Finalmente, la parlamentaria planteó la necesidad de superar las confrontaciones partidarias y construir consensos duraderos en educación, salud, infraestructura de servicios y desarrollo económico. “Si seguimos discutiendo emergencias nos quedamos con el problema”, concluyó.






