Los datos oficiales revelan el peso económico de las prestaciones previsionales en Tierra del Fuego, las diferencias entre distintos regímenes jubilatorios y la relación entre trabajadores aportantes y beneficiarios del sistema nacional de seguridad social.
Las jubilaciones y pensiones nacionales representan una inyección mensual superior a los 20.000 millones de pesos en la economía de Tierra del Fuego, según las estadísticas correspondientes a septiembre difundidas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La provincia registra 20.285 beneficiarios del sistema previsional nacional, con un haber promedio de 1.228.578 pesos.
El responsable de la UDAI Ushuaia, Mariano Delucca, explicó en FM Ushuaia que esos recursos constituyen un aporte significativo al movimiento económico provincial, dado que se destinan principalmente al consumo cotidiano. Se trata de fondos “que se inyectan en la economía fueguina”, sostuvo, y precisó: “Esto va al almacén directo, al alquiler, a las actividades, a los servicios”.
A las prestaciones contributivas se agregan aproximadamente 3.900 pensiones no contributivas, destinadas a personas que no necesariamente realizaron aportes previsionales. Al incorporar estos beneficios, la circulación mensual de recursos provenientes de ANSES se aproxima a los 24.000 millones de pesos.
Las estadísticas permiten también observar importantes disparidades entre los distintos sistemas jubilatorios especiales. Mientras los beneficiarios provenientes del servicio exterior perciben un promedio de 15,7 millones de pesos mensuales, los docentes universitarios jubilados reciben alrededor de 3,2 millones. Ante esa diferencia, Delucca aclaró: “No es una crítica, es el marco legal que tienen”.
Otra particularidad aparece en la distribución por género. Aunque las mujeres representan una amplia mayoría dentro de estos regímenes, con unas 206.000 beneficiarias frente a casi 70.000 hombres, los haberes masculinos resultan superiores en todas las actividades consideradas.
Respecto del financiamiento previsional, Tierra del Fuego cuenta con 29.877 trabajadores asalariados registrados, cuya remuneración promedio se aproxima a los 3 millones de pesos. A ellos se incorporan 3.340 autónomos, 5.896 monotributistas y 738 empleados de casas particulares.
“El motor de la economía fueguina sigue siendo el privado”, consideró Delucca, quien planteó la conveniencia de establecer “una mesa de trabajo donde estos datos se analicen de forma más concreta”, orientada a “generar los espacios que el privado realmente necesita sin tanta traba”.
El funcionario vinculó la sostenibilidad del sistema con la necesidad de ampliar el empleo formal. “El sistema durante 30 años fue tan perverso con los trabajadores activos que hoy nada más contamos con 1,6 en promedio”, expresó, al referirse a la proporción de aportantes por jubilado, que debería alcanzar al menos dos.
En ese contexto, propuso concentrar los reclamos previsionales en la actualización permanente de los ingresos antes que en los adicionales extraordinarios. “Dejen de pelear por el bono de 70 mil pesos, siempre peleen por el haber jubilatorio, por el aumento del haber jubilatorio, que a fin de cuentas es lo que inyecta para que el almacenero, el que alquila, todo pueda pagar sus cosas”.
En cuanto a las prestaciones vigentes, noviembre registró un incremento del 1,93%. Con el adicional del 40% correspondiente a la zona austral, la jubilación mínima fueguina se ubica alrededor de los 700.000 pesos, frente a los 140.000 pesos de marzo de 2024.
Delucca confirmó además que el medio aguinaldo se abonará junto con los haberes de diciembre. “Que no tenga miedo, ANSES responde”, manifestó. También informó que la acreditación de la libreta de la Asignación Universal por Hijo se realizará automáticamente mediante información proporcionada por el Ministerio de Educación.
Finalmente, señaló que las dependencias atienden de 8 a 14, con once agentes destinados a la atención presencial y demoras promedio de 25 minutos, considerablemente inferiores a las cuatro horas registradas al comienzo de su gestión. Asimismo, aconsejó a los docentes de establecimientos privados tramitar el reconocimiento de servicios entre cinco y siete años antes de alcanzar la edad jubilatoria.






