La comunidad universitaria participará este jueves de una nueva movilización federal para reclamar el cumplimiento de la ley de financiamiento y mayores recursos presupuestarios para 2027, ante el deterioro salarial y las dificultades de funcionamiento.
La Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) participará este jueves 15 de octubre de una nueva jornada nacional de protesta en defensa del financiamiento de la educación superior. La convocatoria, que tendrá expresiones en Ushuaia y Río Grande, busca reforzar las demandas por el cumplimiento de la legislación universitaria y la asignación de mayores recursos en el Presupuesto 2027.
El rector de la UNTDF, Mariano Hermida, advirtió que las dificultades presupuestarias comenzaron a profundizarse a finales de 2023 y que, desde entonces, las instituciones trabajan para preservar sus actividades académicas y científicas. “Desde ese momento hasta esta parte lo que estamos haciendo es sostener el sistema universitario, sostener la ciencia y la tecnología y tratar de que el contexto cambie, que alguna vez el Gobierno nacional entienda al sistema universitario como parte de un proyecto de desarrollo”, afirmó en FM Ushuaia.
La quinta Marcha Federal Universitaria se desarrollará en un escenario marcado por recientes decisiones judiciales relacionadas con la Ley 27.795. Por un lado, quedó firme una medida cautelar que exige actualizar salarios y becas. Por otro, una sentencia de primera instancia declaró inconstitucional el decreto mediante el cual el Ejecutivo había suspendido la aplicación de la norma.
Sobre las consecuencias económicas de su implementación, Hermida precisó que “significa un retraso entre el 35 y el 40 por ciento de los salarios y aproximadamente del 50 por ciento en las becas. Eso es lo que se recuperaría”.
La controversia también alcanza al proyecto presupuestario nacional para el próximo año. Mientras el Gobierno contempla aproximadamente $7,3 billones para las universidades, el Consejo Interuniversitario Nacional sostiene que se necesitan alrededor de $11 billones para garantizar su funcionamiento y atender las obligaciones legales.
“Entendemos que los 7,3 billones no contemplan el cumplimiento completo de la ley de financiamiento universitario. Lo que les estamos pidiendo a los legisladores es que atiendan dos sanciones que ya hicieron, la ley universitaria y la del sistema científico tecnológico, y eso hace necesario fortalecer el presupuesto hasta prácticamente 11 billones de pesos”, sostuvo el rector.
Otro aspecto cuestionado es la distribución de los fondos contemplados en la propuesta oficial. Según Hermida, una proporción considerable quedaría sujeta a decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo, mientras que las asignaciones directas a las instituciones registrarían incrementos inferiores.
En ese contexto, planteó que el fortalecimiento universitario podría concretarse mediante una reorganización de los recursos nacionales. “Hay otras partidas que existen para poder actualizar el sistema universitario. El pueblo argentino está de acuerdo con el financiamiento de las universidades, pero también con que se mantenga el equilibrio fiscal. Se podría reasignar desde otros instrumentos que el Ejecutivo tiene a disposición”, planteó.
En cuanto a las actividades previstas en Tierra del Fuego, la concentración de Ushuaia será a las 15 en Plaza Malvinas, desde donde los manifestantes se dirigirán hacia la sede universitaria. En Río Grande, la movilización comenzará a las 17.30 desde las instalaciones de la UNTDF y la UTN, para finalizar con un acto en la Plaza de las Américas.
Hermida también destacó la importancia social de la educación pública, más allá de quienes transitan directamente por sus aulas. “La universidad es para todos, hayan ido o no a la universidad. Cada vez que vamos a un médico, a un abogado o consultamos a un profesional, probablemente haya pasado por la universidad pública. Ese conocimiento forma parte de la sociedad”, sostuvo.
La nueva convocatoria federal procurará mantener vigente el reclamo ante el Gobierno nacional y el Congreso, tanto por la ejecución de una ley sancionada como por la necesidad de garantizar previsibilidad financiera a las instituciones durante 2027. La recuperación salarial, la actualización de las becas y el sostenimiento de las actividades científicas constituyen los principales puntos de una discusión que continúa abierta.
