El legislador de Provincia Grande objetó las estimaciones económicas del proyecto oficial, advirtió sobre el impacto de nuevos impuestos y reclamó revisar el destino de los recursos educativos antes de incrementar la presión tributaria provincial.
El proyecto de financiamiento educativo impulsado por el Gobierno provincial enfrenta cuestionamientos sobre su viabilidad económica, la suficiencia de los recursos previstos y las consecuencias de los nuevos impuestos propuestos. El legislador de Provincia Grande Matías Lapadula planteó que la iniciativa presenta inconsistencias entre sus objetivos presupuestarios y los fondos que efectivamente permitiría recaudar, además de afectar actividades económicas y recursos municipales.
Durante una entrevista en FM Ushuaia, el legislador y contador público analizó las explicaciones brindadas por el ministro de Economía, Alejandro Barroso, ante las comisiones legislativas. Según consideró, “las respuestas del Ministro de Economía en cuanto a las estimaciones de recursos que están planteadas son mínimas, escasas”, una situación que, a su entender, impide determinar la verdadera capacidad financiera del proyecto.
La principal objeción surge de comparar las metas educativas con la recaudación estimada. Lapadula explicó que la propuesta contempla un incremento presupuestario superior al 40%, tomando como referencia el Producto Bruto Geográfico, mientras que los ingresos adicionales previstos no alcanzarían los 9.000 millones de pesos anuales. Frente a esa diferencia, advirtió: “Estamos lejísimos, lejísimos la estimación de recursos que plantea y que planteó el Ministerio de Economía según este proyecto de ley, estamos lejísimos de los objetivos propuestos”.
También cuestionó que el indicador económico utilizado para establecer las metas recién se conocería después de sancionada la norma, lo que agrega incertidumbre sobre las obligaciones presupuestarias que asumiría la Provincia.
Aunque reconoció la necesidad de mejorar los salarios docentes y fortalecer las escuelas, sostuvo que previamente debe examinarse la administración de los fondos existentes. Recordó que, según información ministerial, Educación concentra el 26% del presupuesto provincial, equivalente a más de 12 millones de pesos anuales por alumno.
Desde esa perspectiva, planteó: “Creo que lo primero que tenemos que empezar a analizar es cómo gastamos ese presupuesto”, y vinculó esa revisión con la necesidad de garantizar mejores condiciones escolares sin trasladar automáticamente mayores costos a los contribuyentes.
Entre las medidas tributarias objetadas, identificó especialmente el gravamen del 3,4% sobre la distribución domiciliaria de gas. Su interpretación es que el incremento recaería directamente sobre los usuarios, porque los contratos de concesión permiten trasladar estas cargas a las tarifas. En consecuencia, aseguró que “inmediatamente en la factura de gas va a estar ese 3,4% y lo van a pagar todos los vecinos y vecinas”.
Otro cuestionamiento alcanza a la eliminación de exenciones de Ingresos Brutos para el Banco Tierra del Fuego. Lapadula observó una contradicción entre reducir las ganancias de la entidad mediante nuevos tributos y pretender que las utilidades de las empresas estatales contribuyan al fondo educativo. Sobre ese mecanismo, sintetizó: “Me parece que es un contrasentido”.
La propuesta de destinar el 0,5% de la recaudación de Ingresos Brutos antes de su distribución también despertó reparos. Para el legislador, representa una nueva reducción de recursos municipales en un contexto de atrasos en las transferencias de coparticipación y dificultades financieras compartidas por las distintas administraciones.
Respecto de otras fuentes contempladas, cuestionó incorporar actividades todavía inexistentes en la provincia, como el denominado hidrógeno verde, sin proyecciones concretas de desarrollo o recaudación. Distinguió, sin embargo, la actualización del impuesto inmobiliario rural, cuya recaudación consideró históricamente insuficiente debido a la falta de actualización durante más de catorce años.
En cuanto al tratamiento legislativo, defendió la necesidad de disponer de mayor tiempo para discutir alternativas. Advirtió que eliminar los aumentos tributarios sin reemplazarlos por otras fuentes dejaría una iniciativa sin sustento financiero: “es una cáscara vacía, no sirve para nada”.
Finalmente, insistió en revisar las partidas educativas, particularmente el destino de las horas cátedra, y buscar reasignaciones presupuestarias antes de establecer nuevas cargas. Su preocupación comprende también al comercio y al empleo privado, especialmente en Río Grande, donde la caída de la actividad industrial profundiza las dificultades económicas. En ese escenario, consideró indispensable encontrar mecanismos de financiamiento que permitan fortalecer la educación sin agravar la situación de las familias, las empresas y los municipios.
