El legislador fundamentó su voto para quitar el trámite de urgencia al proyecto de financiamiento educativo. Advirtió inconsistencias, cuestionó nuevas cargas tributarias y reclamó información concreta antes de definir una herramienta destinada al sistema provincial.
El legislador provincial Matías Lapadula fundamentó su voto a favor de quitar el trámite de urgencia al proyecto de Ley de Financiamiento Integral del Sistema Educativo presentado por el Ejecutivo. Si bien consideró necesario encontrar una solución para la educación en la provincia, cuestionó tanto los plazos impuestos para debatir la iniciativa como buena parte de las fuentes previstas para sostener económicamente el nuevo fondo.
En declaraciones a radio Fueguina, Lapadula planteó que existen distintas iniciativas vinculadas con el financiamiento educativo que todavía deben compatibilizarse. “Ni siquiera terminamos de analizar un proyecto y ahora se manda otro distinto”, cuestionó, y señaló como denominador común que “lo único que los hace parecidos es el impuestazo o el apelar al aumento de impuestos para financiar algo que deberían estar los recursos”.
La iniciativa efectivamente crea un Fondo de Financiamiento Educativo y establece diferentes fuentes específicas para integrarlo, además de los recursos provenientes de Rentas Generales. Entre ellas figuran una alícuota adicional de Ingresos Brutos para el Banco de Tierra del Fuego y otras fuentes provenientes de actividades económicas y recursos provinciales.
Lapadula sostuvo que semejante esquema requiere una evaluación que difícilmente pueda completarse bajo el trámite de urgencia. “No quitar el trámite de urgencia este proyecto, es condenarlo al fracaso”, afirmó. Según explicó, la Legislatura quedará obligada a expedirse dentro del plazo constitucional y, si para entonces no existen acuerdos suficientes, deberá rechazarlo para impedir que quede aprobado automáticamente.
Su posición, aclaró, no supone desconocer la situación educativa: “Todos estamos de acuerdo que hay que dar una solución al problema de la educación en Tierra del Fuego, no sólo al salario de los docentes, que tienen que tener un salario digno, sino también a las condiciones de las escuelas, a que el dinero llegue a cada uno de los pibes, que llegue al aula”.
El proyecto establece precisamente que no menos del 50% del fondo deberá destinarse al fortalecimiento salarial docente, al menos 25% a mantenimiento, servicios e infraestructura y un mínimo de 15% a equipamiento y herramientas didácticas.
Uno de los principales cuestionamientos de Lapadula apunta al Producto Bruto Geográfico utilizado como referencia. El proyecto establece una convergencia progresiva de la inversión educativa hasta alcanzar el 7,8% del PBG en cinco ejercicios fiscales. Sin embargo, dispone que, una vez vigente la ley, el Ejecutivo tendrá 90 días para presentar la línea de base del PBG y su metodología de estimación.
“Queremos que avancemos en generar una herramienta que establezca un porcentaje mínimo al presupuesto de educación, con un parámetro que recién vamos a conocer 90 días después de sancionada la ley. Es un mamarracho”, objetó Lapadula.
También cuestionó el impacto de las fuentes elegidas. Sobre el Banco Tierra del Fuego advirtió que, frente a la nueva carga, tendría dos alternativas: “Trasladar a todos sus clientes ese impuesto que se le pone, o absorberlo y que afecte claramente al banco”. Respecto del gas, sostuvo: “Se pone una alícuota del 3% a la distribución de gas, eso nos afecta a todos, a cada uno de nosotros, al comercio, a los vecinos”.
Otro reparo estuvo dirigido a recursos cuya recaudación todavía no existe. El texto incorpora aquellos que eventualmente genere la explotación provincial de hidrógeno verde y también fondos futuros vinculados con la Economía del Conocimiento. “Ponen recursos que se generen por la explotación de hidrógeno verde, no existe eso, ¿para qué lo ponemos si no hay explotación de hidrógeno verde?”, planteó.
Lapadula objetó además la afectación de recursos que actualmente participan de otros mecanismos de distribución. El proyecto dispone que el 0,5% de lo recaudado provincialmente por Ingresos Brutos quede exceptuado del régimen general de distribución a los municipios. Para el legislador, antes de avanzar resulta imprescindible determinar cuánto dinero representará cada fuente y qué consecuencias producirá sobre las restantes obligaciones estatales.
Por eso anticipó que reclamará la presencia de funcionarios de Educación y Economía en las comisiones y que concurran con datos concretos: “Que vengan con respuestas claras”.
Su conclusión vuelve al fundamento de su voto: “Yo no creo que en 30 días se pueda analizar con seriedad un proyecto como este”.
Para Matías Lapadula, resolver el financiamiento educativo resulta necesario, pero requiere revisar el esquema propuesto, conocer previamente sus números y construir consensos antes de convertirlo en ley.
