La presidenta de Manekenk cuestionó que la intervención impida las inspecciones provinciales y consideró que el Gobierno debe recurrir a la Justicia para garantizar los controles ambientales dentro de la terminal portuaria de Ushuaia.
La negativa de la intervención del puerto de Ushuaia a permitir el ingreso de agentes provinciales para realizar inspecciones ambientales de rutina generó preocupación en el sector ambientalista. Desde la asociación Manekenk consideran que se encuentran comprometidas competencias vinculadas al control de residuos peligrosos y al cumplimiento de la Ley de Aguas, por lo que plantearon que el Gobierno fueguino debería recurrir a la vía judicial para garantizar el ejercicio de sus facultades.
La presidenta de la organización, Nancy Fernández, explicó en FM Ushuaia que la situación fue conocida a partir de la participación de Manekenk en el Consejo Provincial de Medio Ambiente: “Tomamos conocimiento que la autoridad ambiental no había podido ingresar a hacer los controles que habitualmente realiza por una cuestión que tiene que ver con lo sanitario, con los residuos peligrosos fundamentalmente, y con los controles de la aplicación de la Ley de Aguas”.
A partir de esos antecedentes, la asociación solicitó información al Gobierno nacional sobre las obras anunciadas para la terminal y los mecanismos previstos para fiscalizarlas. Fernández recordó que la Ley 55 establece en Tierra del Fuego procedimientos ambientales para determinados proyectos y explicó que la respuesta nacional sostuvo que los trabajos previstos “no están alcanzados por las exigencias ambientales, porque se trataría de tareas de mantenimiento sobre estructuras existentes”.
La explicación no conformó a la entidad. Según Fernández, Nación considera que “no le corresponden los instrumentos ambientales, que no requieren ningún tipo de intervención de autoridad ambiental”, aunque al mismo tiempo establece que la contratista deberá hacerse cargo de los residuos. Allí observó una contradicción, porque “por los residuos que se produzcan va a tener que tener un diálogo con la provincia en el caso de que sean peligrosos, o industriales o de obras con la Municipalidad”, debido a las competencias existentes sobre su disposición y tratamiento.
La titular de Manekenk también cuestionó la falta de precisiones normativas en la respuesta recibida. A su criterio, “desconocen las normas ambientales provinciales y nacionales, de alguna forma”, y advirtió que incluso bajo el supuesto de considerar al puerto exclusivamente dentro de jurisdicción nacional, deberían aplicarse las disposiciones ambientales correspondientes a ese ámbito.
Otro punto de preocupación está relacionado con la magnitud de las obras. Fernández señaló que la empresa contratada es Concret Nor y afirmó que “es una inversión de más de 2,5 millones de dólares, por lo tanto no es solamente arreglar un fierrito que se desoldó”. Para la ambientalista, se trata de trabajos de mayor alcance: “Es una obra grande, que va a mover agua, va a mover sustrato del suelo, y el canal Beagle es jurisdicción de la provincia, no sólo por Constitución, sino por la Ley de Aguas también”.
Frente a la imposibilidad de que los inspectores provinciales ingresen al puerto, Fernández consideró que la discusión excede a los trabajadores afectados y requiere una respuesta institucional. Consultada específicamente sobre la posibilidad de judicializar el conflicto, respondió: “Creo que sí, incluso me animo a pensar que debería, si es necesario, recurrir a la fuerza pública como ante cualquier impedimento de implementación de cualquier norma”.
Para Fernández, la responsabilidad de avanzar corresponde directamente al Gobierno provincial: “La provincia tiene que accionar, no sólo los trabajadores, porque hemos acá es una cuestión mayor que solamente un movimiento de los trabajadores, es una cuestión de Estado, me parece que es el Estado el que va a tener que accionar”. Aunque aclaró desconocer cuál sería el instrumento jurídico adecuado, mencionó entre las posibilidades la intervención de la Justicia federal o provincial y la certificación formal de los impedimentos registrados.
La dirigente agregó por último que también podría existir competencia municipal, particularmente respecto del tratamiento de residuos. “Entiendo que las áreas legales del Estado, del gobierno, tienen que saber cómo actuar”, sostuvo, y añadió que “hasta la Municipalidad tendría que actuar, porque en temas de residuos es competencia municipal”.
De ese modo, Manekenk planteó que la controversia por el ingreso al puerto debería trasladarse al plano institucional y judicial para determinar las competencias y garantizar la continuidad de los controles ambientales.
