La Provincia advirtió que, si la intervención federal impide los controles ambientales en el puerto de Ushuaia, los operadores habilitados no podrán recibir residuos sin trazabilidad certificada, con impacto sobre la próxima temporada de cruceros.
La intervención federal del Puerto de Ushuaia sumó un nuevo punto de tensión con el Gobierno de Tierra del Fuego. La controversia se vincula ahora con el control de los residuos generados por cruceros y otras embarcaciones: la Provincia anticipó que, si sus inspectores no pueden ingresar a la terminal para fiscalizarlos, esos materiales podrían quedar fuera del circuito habilitado de retiro, tratamiento y disposición final.
La advertencia fue comunicada por el Ministerio de Producción y Ambiente a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, responsable de la intervención de la terminal. En la nota, la cartera informó que este jueves 17 de septiembre personal técnico de la Secretaría de Ambiente concurrirá al lugar para efectuar tareas de “inspección, fiscalización y control” sobre la gestión de residuos peligrosos.
El planteo provincial se apoya en la Ley N° 105, que regula la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de este tipo de materiales. La norma reconoce facultades de fiscalización y poder de policía a la autoridad ambiental fueguina, incluso en relación con residuos generados en embarcaciones comerciales o turísticas que operen en el muelle.
La posición oficial sostiene que la competencia ambiental provincial no se interrumpe en el acceso al Puerto. Si bien existen organismos nacionales con atribuciones sobre la navegación y el transporte marítimo, la legislación fueguina prevé la intervención de la autoridad ambiental sobre buques que transporten residuos peligrosos y sobre las operaciones de carga y descarga. También establece que la autoridad portuaria debe colaborar para facilitar esos controles.
El Ministerio recordó, además, que la Ley Provincial N° 55, como marco general de protección ambiental, contempla consecuencias administrativas ante la obstaculización de inspecciones realizadas por la autoridad competente. Por ese motivo, solicitó formalmente a la intervención federal que adopte las medidas necesarias para garantizar el ingreso de los agentes y el desarrollo normal de las tareas previstas.
La cuestión no se reduce a una discusión jurisdiccional. La inspección en el punto de generación, almacenamiento o entrega inicial permite verificar qué residuos se retiran, en qué condiciones se encuentran, quiénes intervienen en su traslado y cuál será su destino final. Sin esa instancia, la Provincia entiende que no puede certificar la trazabilidad requerida para incorporarlos al sistema local de gestión.
En ese contexto, una eventual negativa de acceso tendría consecuencias fuera de la terminal. El Gobierno fueguino anticipó que podrá disponer medidas preventivas respecto de los residuos cuya generación, identificación, almacenamiento y entrega no hayan podido ser fiscalizados adecuadamente dentro del Puerto.
Entre esas medidas, podría requerirse a los operadores ambientales habilitados en Ushuaia que se abstengan de recibir, transportar, tratar o disponer materiales provenientes de establecimientos que no hayan sido sometidos al control correspondiente. El incumplimiento de esa instrucción podría derivar en sanciones sobre los permisos ambientales necesarios para operar en la ciudad.
De concretarse ese escenario, los residuos alcanzados por la fiscalización podrían permanecer dentro de la propia terminal portuaria, al no contar con una vía habilitada para su ingreso al circuito provincial de tratamiento y disposición final. La finalidad declarada es evitar la circulación de residuos peligrosos sin trazabilidad debidamente verificada.
La nota firmada por el ministro de Producción y Ambiente, Francisco Devita, también deja a salvo las actuaciones y responsabilidades que pudieran corresponder ante un eventual impedimento de las tareas de control. La presentación de los inspectores permitirá establecer si la intervención federal garantiza en los hechos las atribuciones ambientales de la Provincia o si el conflicto institucional se profundiza.
Con la temporada de cruceros próxima a comenzar, la definición adquiere una dimensión operativa inmediata: permitir el control provincial garantizaría la continuidad del circuito de gestión; impedirlo podría afectar el retiro de residuos desde el Puerto de Ushuaia.
