Advierten fuertes diferencias entre contrataciones anteriores y las impulsadas por la intervención. Reclaman información sobre los controles. Todavía no comenzaron obras anunciadas por la intervención.
Las contrataciones impulsadas por la intervención federal del puerto de Ushuaia continúan bajo el cuestionamiento de los trabajadores por el exagerado incremento de los montos y la tercerización de tareas que anteriormente realizaba personal de planta. Gastón Castillo, uno de los trabajadores desplazados por los funcionarios interventores, puso como ejemplos los servicios de higiene y seguridad, limpieza y mantenimiento, además de una licitación vinculada con la cisterna que abastece de agua a los buques.
En FM Ushuaia, Castillo señaló que una contratación de higiene y seguridad que anteriormente representaba $25 millones anuales tiene ahora un valor oficial de $304 millones: “No le encontramos ningún tipo de explicación y uno lo puede ver en los números, son totalmente contrarios a lo que se venía contratando”. A esto sumó que “encima es el mismo servicio”, aunque ahora se solicita un licenciado y un técnico para desarrollarlo.
La situación se extiende, según explicó, a la limpieza y el mantenimiento. Mientras anteriormente determinadas tareas eran realizadas por cuatro personas, afirmó que ahora “piden prácticamente un crecimiento de 18 a 30 personas para llevar el servicio de limpieza y mantenimiento”. Castillo vinculó esa modificación con el desplazamiento de los trabajadores de la terminal, ya que “todas esas tareas las realizaba el personal de planta”, desde pintura y limpieza del muelle hasta reparaciones del cerco perimetral.
Su interpretación sobre ese proceso es crítica. “Nos sacaron a nosotros de la terminal, a todos los trabajadores, y ahora lo que hacen los trabajadores sí o sí lo tienen que tercerizar, es como una privatización encubierta de cierta manera”, sostuvo. Sobre el servicio de limpieza, añadió que anteriormente “creo que no llegaba a los $70 millones y se fueron a los $500 millones”.
Otro punto observado corresponde a la cisterna utilizada para almacenar el agua destinada a las embarcaciones. Castillo aseguró que su cuidado era responsabilidad del personal y que los controles de potabilidad estaban a cargo de la DPOSS. “Nunca jamás lo pidió y sin embargo ahora lo quieren hacer, quieren hacer un mantenimiento de la cisterna y demás por decisión propia”, afirmó sobre una nueva contratación, cuyo monto ubicó en alrededor de $140 millones.
A las cifras sumó cuestionamientos sobre los mecanismos de fiscalización y acceso a los datos. “No sabemos ni quién controla todas estas licitaciones, las consultas que hacen, no sabemos absolutamente nada porque no blanquean nada”, advirtió. Según planteó, los pedidos de informes reciben respuestas incompletas o que no abordan específicamente las consultas realizadas.
Castillo también contrastó el movimiento administrativo con las obras que habían sido planteadas como necesarias al momento de la intervención. Ante la consulta sobre qué se hizo durante estos nueve meses frente al deterioro señalado en el puerto, respondió: “Nada, pasaron nueve meses y no se hizo nada”, y agregó que “ni siquiera empezó la obra de la defensa, que fue la primera que llamaron a licitación”.
En materia ambiental, cuestionó además que las intervenciones previstas sobre el muelle puedan desarrollarse sin participación de los organismos provinciales. “Una intervención, y sobre todo federal, y lo dice la misma Constitución, se tiene que sujetar a las leyes locales vigentes”, argumentó, al reclamar controles sobre los posibles efectos de las obras.
El conflicto mantiene, además, un componente laboral sin resolver. Los trabajadores tienen garantizados sus salarios mientras existan fondos de la Dirección Provincial de Puertos, pero desconocen qué ocurrirá posteriormente. “Después de eso, no sabemos qué pasará. Hoy en día no tenemos una respuesta”, indicó.
Con la temporada de cruceros próxima a comenzar, Gastón Castillo aseguró que pretenden evitar consecuencias sobre una actividad construida durante años, aunque anticipó nuevas protestas: “No queremos arruinar una temporada, es lo que menos queremos, nosotros sabemos lo que significa”. Sin definiciones sobre su continuidad laboral, concluyó que evalúan medidas “más fuertes”, cuyos alcances todavía no darán a conocer.
