Conflicto institucional

Villegas calificó la intervención del puerto como un atropello

Ago 20, 2026 | Política

El legislador cuestionó la legalidad de la intervención nacional sobre el puerto de Ushuaia, reclamó una respuesta institucional y sostuvo que los fueguinos deben defender la administración de sus propios recursos estratégicos.

El legislador provincial Pablo Villegas profundizó sus cuestionamientos a la intervención nacional del puerto de Ushuaia y consideró que las nuevas actuaciones sobre las empresas privadas que operan catamaranes deben analizarse dentro de una situación que, desde su perspectiva, resulta jurídicamente objetable y afecta directamente la autonomía provincial. 

Frente al sumario anunciado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), insistió en la necesidad de una reacción institucional para recuperar la administración fueguina de la terminal.

En declaraciones a FM Ushuaia, el legislador del Movimiento Popular Fueguino planteó su posición desde el plano jurídico y constitucional: “Estamos en presencia de funcionarios que están actuando, a mi modo de ver, en un marco legal absolutamente objetable en términos jurídicos, en términos constitucionales, en términos de la organización del gobierno federal que tenemos bajo el amparo de la Constitución Nacional”. Desde esa perspectiva, recordó que “uno desde el primer día viene diciendo que es una irregularidad muy manifiesta esa intervención del puerto de Ushuaia”, y sostuvo que frente a esa situación “nosotros los fueguinos no tenemos que quedarnos callados”.

Villegas diferenció, sin embargo, ese cuestionamiento de las actuaciones específicas iniciadas sobre las compañías de catamaranes. Admitió que desconoce las condiciones que regulaban su actividad dentro de la terminal: “Desconozco el marco, la vinculación contractual que puedan haber tenido las empresas privadas que prestan servicios allí de catamaranes en esos muelles con la Dirección Provincial de Puertos, lo desconozco”. Por esa razón, consideró necesario determinar “qué marco legal existía y, en todo caso, qué es lo que se persigue detrás de esta declaración, de esta intentona, de este sumario en contra de esas empresas”.

Su postura crítica también alcanzó a quienes inicialmente evitaron pronunciarse sobre la intervención. El legislador recordó que “mucha gente se ha quedado callada en su momento respecto de esta intervención, especulando, vayas a ver por qué, respecto de si era conveniente o no la intervención”, y agregó que incluso “hubo gente que ha dicho ‘no nos interesa’ quién administra el puerto”.

Las nuevas actuaciones, según interpretó, vuelven a colocar esa discusión en primer plano. Villegas señaló que estas situaciones pueden funcionar “como una especie de escarmiento de que hay que defender lo nuestro entre todos”, porque, sostuvo, “somos los fueguinos los que tenemos el derecho de definir el marco de gestión, los objetivos de la gestión, nada más ni nada menos que de uno de los activos más importantes que tiene la provincia, como el terminal portuario, que es el puerto de Ushuaia”.

Villegas
Legislador provincial Pablo Villegas.

La controversia mantiene paralelamente un recorrido judicial. Villegas mencionó las actuaciones ante la Corte y explicó que existe un requerimiento para que la Provincia unifique los procesos judiciales en marcha. “Creo que por ese lado se empieza a avanzar, va a llevar mucho tiempo”, evaluó, aunque consideró que esa vía debe complementarse con gestiones políticas e institucionales tanto provinciales como nacionales.

El objetivo, remarcó, debe ser recuperar la situación previa a la intervención sin desconocer los problemas existentes en la administración portuaria. En ese punto sostuvo que es necesario “volver a restituir el statu quo que teníamos hasta antes de la intervención, tratando de corregir y hacernos cargo de las cosas que se venían haciendo mal”, pero rechazó que esas falencias justifiquen la continuidad del actual esquema.

Su definición más contundente apuntó precisamente al alcance institucional de la medida nacional, al señalar que no se puede admitir “esta situación que representa un verdadero atropello a nuestra autonomía y a nuestro derecho que tenemos como fueguinos de definir de qué modo administramos, gestionamos nuestros recursos y nuestras instituciones locales”.

Leolabs: investigación y dudas

En relación con el radar de la empresa británica Leolabs, instalado en Tolhuin, Villegas aseguró que la comisión investigadora legislativa ha reunido elementos que muestran la intención de la empresa de continuar en Tierra del Fuego. “Tenemos ya medianamente acreditado que hay una intención manifiesta de la empresa de insistir en tener en funcionamiento ese radar, de no irse de la Tierra del Fuego”, indicó, y mencionó tanto las apelaciones judiciales como los recursos administrativos presentados ante el Gobierno nacional.

El trabajo documental, agregó, permitió retroceder hasta antecedentes anteriores a 2023: “Tenemos constancia en donde ya en noviembre del 2021 había requerimientos ante el Ministerio de Producción y Ambiente de la Tierra del Fuego, ante la propia Dirección Provincial de Energía, aún antes de que esté constituida la SRL argentina del LeoLabs”. Para Villegas, esos elementos permitirán “reconstruir realmente cómo fueron sucediendo los hechos para que ese radar esté allí instalado en el corazón de la isla”.

Sobre su situación operativa, confirmó que “la DPE le ha retirado el medidor y le ha dejado de prestar el servicio eléctrico”, aunque persisten interrogantes acerca de una eventual alimentación mediante un generador. “La empresa dice que no está funcionando, pero hay todo un marco de duda al respecto”, explicó.

Por esa razón, la comisión buscará la intervención técnica de la CONAE y solicitará que especialistas viajen a Tierra del Fuego. El propósito, explicó Villegas, será verificar las instalaciones junto con los legisladores y determinar técnicamente la situación del equipamiento: “Nosotros también nos hacemos presentes ahí y verificamos in situ la existencia o no de este equipo generador”. Si esa alternativa no prospera, anticipó que evaluarán solicitar autorización al propietario de la estancia y, eventualmente, realizar los requerimientos judiciales correspondientes.

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