El intendente de Tolhuin cuestionó el funcionamiento del Concejo Deliberante, apuntó contra su presidente por los pedidos de informes y defendió la actuación municipal frente al radar y otras controversias locales.
La disputa entre el Ejecutivo municipal de Tolhuin y el Concejo Deliberante volvió a quedar expuesta a partir de los cuestionamientos del intendente Daniel Harrington, quien puso el foco en el tratamiento de los pedidos de informes y en lo que considera una utilización política del cuerpo legislativo.
El jefe comunal sostuvo, en FM Ushuaia, que durante el último tiempo se desplazaron de la agenda distintos proyectos impulsados por el Ejecutivo y por distintos concejales, para priorizar iniciativas vinculadas con el control de la gestión.
Al ser consultado por los recientes planteos surgidos desde el Concejo, Harrington marcó una diferencia entre las funciones institucionales del cuerpo y el uso político que, según su interpretación, se estaría haciendo de ellas. “Creo que lo que se está tratando de utilizar es al Concejo Deliberante como una suerte de trinchera política por parte del presidente”, afirmó en alusión al titular del cuerpo Matías Rodríguez.
El intendente puso como ejemplo uno de los pedidos de información relacionados con las canteras y señaló que, a su entender, existen aspectos llamativos en la selección de las empresas alcanzadas por ese requerimiento. “En este pedido de información sobre canteras, es muy llamativo que justo las empresas que fueron cuestionadas por algunos integrantes de la comunidad no hayan sido parte del pedido de informe”, planteó, y agregó que funcionarios del área de Ambiente habían señalado esa particularidad.
La crítica de Harrington se extendió al funcionamiento general de la agenda legislativa. Según describió, “todo este año y gran parte del año pasado han estado lejos de tratar los proyectos enviados por el Ejecutivo o de concejales que han presentado proyectos de ordenanza para impulsar algunas medidas en la ciudad”, mientras que, a su criterio, esos asuntos “han sido corridos de la agenda legislativa”.
El intendente identificó además quiénes, según su mirada, concentran el uso de los pedidos de informes como herramienta política. “Solo se priorizan los pedidos de informe que realiza justamente el presidente del Concejo Deliberante y la concejal Jeanette Alderete”, sostuvo, y vinculó esa dinámica con una determinada forma de posicionamiento institucional: “Tienen ese grado de herramienta para mostrarse como un órgano contralor”.
Harrington aclaró que no cuestiona la función de control que corresponde al Concejo Deliberante, pero consideró que esa tarea debería complementarse con una agenda orientada al desarrollo de Tolhuin. “Creo específicamente que la función de órgano contralor la tiene el Concejo Deliberante, pero además tiene que generar herramientas legislativas que permitan el desarrollo y el crecimiento de nuestra comunidad”, afirmó.
Para fundamentar su postura, el jefe comunal enumeró distintos episodios en los que, según señaló, el Concejo no habría tenido el mismo nivel de intervención. Mencionó las actuaciones municipales vinculadas con el radar de Leolabs y la recuperación de las termas, sobre las cuales sostuvo: “el Concejo no se ha manifestado, salvo la concejal de Forja, no se ha manifestado”.
A partir de esos antecedentes, concluyó que “se ha tomado una institución tan importante para el ámbito municipal como es un Consejo Deliberante, utilizado como una trinchera política”.
La controversia legislativa se suma al expediente relacionado con el radar instalado en la localidad, cuya situación también fue abordada por Harrington en el marco de la comisión investigadora. El intendente explicó que el municipio detectó movimientos de suelo y maquinaria durante recorridas por la ciudad, situación que motivó la intervención de las áreas municipales correspondientes.
“Cuando observamos tamaño movimiento de suelo y de máquinas, pusimos énfasis en eso y pedimos a nuestros organismos de gestión que actúen”, relató Harrington. Para el intendente, esa actuación permitió documentar la posición municipal y llegar a la instancia legislativa: “Eso de alguna manera nos permitió hoy estar sentados en esta comisión, exponiendo cuáles fueron nuestras acciones y echando por tierra quizás cualquier otra especulación”.
Respecto de la investigación, planteó que la Municipalidad no pretende limitar su intervención al aspecto económico de las sanciones: “Queremos llegar no solamente a que la empresa se haga cargo de pagar las multas, sino también que respete nuestra normativa y que se concrete la demolición o desarme de ese aparato”, sostuvo.
La posición municipal, explicó, se fundamenta en que la instalación del radar no representa una actividad ordinaria dentro del ejido urbano y en el incumplimiento de las normas locales que Harrington atribuye a la empresa “por el hecho de que no es un vecino común y corriente o una actividad comercial propia de una ciudad dentro del ejido urbano”, indicó.
Finalmente, Daniel Harrington vinculó la postura adoptada por el Municipio con la defensa de las normas y de los vecinos de Tolhuin. “La manera en la que actuó la empresa, en acelerar los procesos de construcción, tiene como único fin poder lograr el objetivo y a nosotros lo que por sobre todas las cosas nos molesta es el no respeto a nuestra normativa y, por ende, si no respetan nuestra normativa, no respetan a nuestros ciudadanos, y por eso tomamos la posición que tomamos”, concluyó.
